El pasado 2 de enero asumieron sus cargos dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia y se eligió una nueva directiva para este órgano del Estado, la elección dejó en evidencia el rejuego que también se da en el poder judicial.
Los más optimistas esperan que la renovación de directiva genere los cambios necesarios en la administración de justicia que sigue siendo cuestionada por la lentitud en los procesos, los fallos amañados y el tráfico de influencias.
Otros mas realistas no creen que haya mayores variaciones pero consideran que eso sería posible solo si la nueva presidenta se empeñe en liderarlos enfrentando la burocracia judicial y decida encarar a los magistrados superiores y jueces que continúen engavetando procesos y emitiendo fallos caprichosos alejados del derecho.
Hay casos que llaman poderosamente la atención mediática como la trama Odebrecht que este año deberá ser retomado, pero que muy probablemente no se concluya y siga siendo pospuesto, mientras un manto de impunidad continuará arropando a los principales implicados; figuras de alto perfil de la política criolla o del mundo empresarial.
Mientras el foco mediático permanece estático en unos pocos casos de alto perfil el resto de los procesos se estancan, engavetan o archivan en tribunales superiores, juzgados de circuito o juzgados municipales.
La suma de estas malas prácticas convierte a la administración de justicia en un monstruo de muchas cabezas que camina con lentitud, mientras trastabilla y proyecta una sombra que causa espanto a los ciudadanos acostumbrados a la imagen de una dama vendada, símbolo de imparcialidad y objetividad, pero lo cierto es que los usuarios del sistema terminan horrorizados al encontrase de frente con un engendro que se asemeja más a Frankenstein que a la Dama vendada.
Lo retos de la justicia en Panamá son grandes y una manera de asumirlos con determinación sería empezando a poner orden en casa, bien haría la nueva magistrada presidenta en ordenar una auditoría de los despachos superiores que deje al descubierto no solo las faltas antes enumeradas, sino también las consecuencias nefastas que tienen para el país y su reputación dentro y fuera de nuestras fronteras.
Un caso llamativo y contradictorio ocurrió en los últimos meses del año recién concluido, cuando la abogada Guimara Aparicio Ortega, designada por el Ejecutivo como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, recibió en su despacho mientras fungía como magistrada del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, un amparo de garantías constitucionales y nada más recibirlo, ordenó su admisión y requirió el envío de un informe acerca de los hechos en un plazo extremadamente perentorio de dos horas (2).
La apresurada acción de Aparicio Ortega generó sorpresas y sospechas. Su decisión no pareciera estar motivada por el deseo de disminuir la tan criticada mora judicial, en cambio convalidaría las tácticas dilatorias de los representantes de la sociedad Las Brisas de Amador, quienes llevan más de una década evadiendo sus responsabilidades con un grupo de inversionistas europeos a quienes adeudan mas de tres millones de dólares.
La actuación de la magistrada Aparicio Ortega ha generado mas dudas, según han dado a conocer funcionario judiciales, ya que tras su ímpetu inicial en este caso, ahora ha entrado a la fase de desaceleración o engavetamiento del proceso, quedando comprometida la esencial imparcialidad y objetividad que debe guiar la actuación de todo juez, más aún, cuando se trata de un caso donde la parte demandada repite las mismas tácticas dilatorias que le han permitido evadir la justicia por mas de una década.
