“Como madre, como mujer y como servidora pública, nada es más importante que la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo que está en juego aquí no es un trámite institucional, es la vida y el bienestar de los más vulnerables”.
Con estas palabras, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, compareció este 1 de abril ante el pleno de la Asamblea Nacional para responder al cuestionario formulado, reafirmando que su gestión se rige por el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA), así como por su compromiso con el país.
Ante la situación del CAI de Tocumen, la ministra aclaró que, aunque la denuncia no fue presentada ante la Junta Directiva de la Senniaf, el Gobierno actuó de manera inmediata frente a la información divulgada públicamente desde el 5 de febrero de 2026.
Desde el MIDES, como ente rector de la política social, se activaron acciones urgentes de coordinación interinstitucional, destacando una reunión con el Ministerio de Salud, que permitió realizar evaluaciones médicas y psiquiátricas, así como gestionar alternativas de atención para jóvenes adultos con discapacidad en condición de dependencia.
De forma paralela, se impulsaron decisiones concretas: la convocatoria inmediata de la Junta Directiva de la Senniaf, activando su rol de supervisión; la inspección técnica urgente al CAI Tocumen mediante un equipo multidisciplinario; la separación provisional de cinco funcionarios por orden del Ministerio Público; y la reubicación inmediata de diez jóvenes adultos con discapacidad, en cumplimiento de medidas de protección dictadas por la Procuraduría General de la Nación, ejecutada el 15 de febrero como una solución temporal mientras se gestionan alternativas especializadas acordes a sus necesidades.
“Cuando se trata de proteger a la niñez, no hay espacio para la demora ni para la indiferencia. Actuamos, coordinamos y seguimos actuando”, enfatizó la ministra.
La titular del MIDES señaló que, según la información solicitada y validada por la Senniaf, existen 48 albergues a nivel nacional, de los cuales 2 son administrados por esa institución, 4 por MIDES y 42 por organizaciones no gubernamentales. No se registran albergues bajo supervisión institucional que incumplan los estándares mínimos establecidos, según la Dirección de Articulación de Protección Integral (DAPI).
Entre julio de 2024 y marzo de 2026, la Senniaf realizó 150 visitas de supervisión, generando 142 actas remitidas al MIDES. Las observaciones detectadas han sido consideradas subsanables y han permitido la implementación de acciones correctivas, sin que haya sido necesario aplicar sanciones administrativas.
Igualmente, la ministra señaló que, según información solicitada a la Senniaf, se aclaró que no se han registrado casos de menores embarazadas dentro de los albergues bajo su administración, ni se ha recibido notificación de casos en otros centros.
En cuanto a los tiempos de comparecencia, Carles de Arango aclaró que, desde el 12 de febrero del presente año, requirió información a esa secretaría mediante la Nota DM-0231-2026. Dicha solicitud fue reiterada en varias ocasiones hasta recibir respuesta el 11 de marzo, a través de la Nota 074/26/DS/SENNIAF del 10 de marzo de 2026. A partir de esa fecha, señaló, se puso a disposición para comparecer, consciente de la importancia del rol fiscalizador de la honorable Asamblea Nacional y comprometida con la rendición de cuentas.
“Dar la cara, explicar y responder es parte del deber público. La transparencia no es una opción, es una obligación”, sostuvo.
Antes de abordar las respuestas, la ministra consideró fundamental precisar que, de las 42 preguntas planteadas, 33 corresponden directamente a funciones privativas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
En ese sentido, recordó que la Senniaf, creada mediante la Ley 14 de 2009, es una entidad pública descentralizada con autonomía administrativa, presupuestaria y técnica, encargada de coordinar, ejecutar y supervisar las políticas de protección integral de la niñez. Asimismo, el Decreto Ejecutivo No. 404 de 2020 y la Ley 285 de 2022 la establecen como la autoridad competente para la regulación, supervisión y funcionamiento de los albergues, así como para la restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Las instituciones tienen responsabilidades claras. Nuestro rol es articular la política social, coordinar al Estado y actuar con determinación cuando la situación lo exige. Y eso es exactamente lo que hemos hecho”, afirmó.
La ministra subrayó que ninguna medida es suficiente cuando se trata de proteger a la niñez, reiterando que esta sigue siendo una prioridad absoluta del Gobierno Nacional. Señaló que las acciones emprendidas reflejan una respuesta oportuna, coordinada y centrada en la protección de la población más vulnerable, reafirmando el compromiso del MIDES con la transparencia, la articulación institucional y el fortalecimiento del sistema de protección integral.
La ministra concluyó reiterando el compromiso del MIDES con el fortalecimiento del sistema de protección, la coordinación interinstitucional y la transparencia en la gestión pública.
“El bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes exige acciones firmes, articuladas y permanentes. Aquí no se protege la burocracia, se protege a la niñez. Esa seguirá siendo nuestra prioridad”.
