El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), realizó un llamado de atención al Programa de Visitantes y Participación Ciudadana, mediante el cual Minera Panamá S.A. (MPSA).
La misiva enviada por el Mici indica lo sigiente: “Que Minera Panamá S.A. (MPSA) no tiene un contrato ni ningún tipo de titularidad tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 27 de noviembre de 2023 que declaró inconstitucional la ley 406 de 20 de octubre de 2023 que aprobaba el contrato de Concesión Minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A., supuso la falta de validez jurídica, total y absoluta, de la relación que existía entre el concesionario, Minera Panamá, S.A. y la Nación, en asuntos mineros.
Que el Estado panameño, a través del Ministerio de Comercio e Industrias, en febrero pasado hizo un llamado de atención a los Ejecutivos de MPSA por la puesta en marcha sin consulta y autorización previa de un programa de visitas, quienes se comprometieron a suspender los mismos; sin embargo, estas visitas continúan de acuerdo con los informes obtenidos.
Que es facultad privativa de este Ministerio determinar la coordinación de dichas visitas, en virtud de considerar que la veeduría ciudadana, como elemento de representatividad, es distinta a la actividad organizada por MPSA. Esta suplantación de atribuciones podría llegar a ser interpretada como un intento deliberado de simulación ante la faz del país que la empresa retiene derecho alguno sobre el sitio minero.
Que por mandato de Ley este Ministerio reitera a Minera Panamá S.A. (MPSA), que dicha propuesta de programa de visitas no está autorizada y no es viable, toda vez que, ante la falta de contrato de concesión minera, esta actividad deberá de contar con la supervisión y autorización del Gobierno Nacional.
Importante resaltar que de igual manera, ante cualquier otra propuesta de actividad, medida o decisión por parte de MPSA, que no esté contemplada explícitamente en el Plan para la Preservación y Gestión Segura (Cuido y Mantenimiento), deberá contar con autorización previa y la debida coordinación y supervisión de las autoridades competentes, con el fin de evitar poner en riesgo la seguridad del proyecto”.
