El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), detuvo un nuevo intento de titulación ilegal dentro de la Reserva Hidrológica La India Dormida, una de las áreas protegidas más emblemáticas del distrito de Antón, provincia de Coclé. Esta acción fue coordinada con jueces de paz, el alcalde y autoridades locales.
El caso, que generó repudio entre los residentes y líderes comunitarios, involucra a una persona que pretendía titular 29 hectáreas de terreno dentro del área protegida, alegando supuestos derechos posesorios sin respaldo legal y sin la aprobación de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI).
Durante una inspección en campo, personal de MiAMBIENTE sorprendió a individuos realizando labores de levantamiento topográfico ilegales, operaciones que fueron paralizadas de inmediato con el apoyo del juez de paz. Ante esto, se programó posteriormente la citación de los representantes legales de la parte implicada, y se abrió un proceso administrativo sancionatorio por el ministerio.
“El Ministerio de Ambiente no permitirá, bajo ningún concepto, que se vulneren las leyes ambientales ni se facilite la titulación ilegal de tierras en áreas protegidas. Nuestra política es de tolerancia cero y todo intento será enfrentado y sancionado con el máximo rigor de la ley”, enfatizó, John Trujillo, director regional de Coclé.
Además del proceso administrativo abierto; Trujillo informó que el expediente del caso será remitido al Ministerio Público, cumpliendo con el proceso establecido para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes contra quienes pretendan apropiarse indebidamente de tierras del Estado.
La Reserva Hidrológica La India Dormida fue declarada área protegida mediante el Acuerdo Municipal N° CM-020-2023, emitido el 5 de septiembre de 2023.
El Ministerio de Ambiente agradece a las comunidades aledañas a la India Dormida por mantenerse vigilantes como los principales guardianes y custodios de esta Reserva Hidrológica. Además hace un llamado a la población a denunciar cualquier acción irregular, intento de robo de tierras estatales o cualquier acto ilegal que atente contra los recursos naturales y reitera que mantiene constante vigilancia para conservar y proteger el patrimonio natural de Panamá.
