Por Jorge I. González
Abogado
Si analizamos bien los procesos sociales de la historia, Mulino no es el ganador indiscutible del Royal Rumble. El movimiento docente del 2025 pasa a la historia de forma muy honorable y se convierte en un importante precedente en el proceso de consolidación constitucional y prontamente, legal, del derecho a huelga en el sector público.
Más de 16,000 funcionarios públicos regresan a labores tras 80 días de huelga, sin juicios, ni sanciones, ni notificaciones, producto de su fuerza. En cambio, Mulino pasa a la historia como represor macartista e instrumental a Estados Unidos, similar a Ernesto de la Guardia en los años 50 del siglo 20.
Una mirada distinta de la coyuntura fundamentada en el materialismo histórico, permite un análisis integral, dialéctico, y así ver lo que otros no aprecian, por contaminación de sesgos basados en el ego burgués, en el campo de los poderosos, y por reflejo de las formas ideológicas del sistema, en el campo de los mismos oprimidos.
Los apologetas de la dictadura ahora tratan, de un momento a otro, de vendernos la idea una supuesta gran victoria política, pese a reconocer que tiene a la economía por el suelo. Hablamos del mandatario criollo con el más bajo nivel de popularidad en menos de un año de gobierno. Se equivocan los propagandistas de la tiranía. Los educadores han conseguido éxitos parciales que vamos a aclarar, especialmente, en cuanto al avance del derecho laboral de los funcionarios del estado. La huelga educativa del 2025 en rechazo a la Ley 462, pasa a la historia como el gran impulso al proceso de reconocimiento del derecho a huelga en el sector público.
Primeramente, es importante aclarar que una táctica de propaganda sucia de los adláteres de la tiranía palaciega de San Felipe, es decir a cuatro vientos que los educadores regresan de huelga sin recibir pago de salarios, como si ello fuese una exigencia docente. Argucia de propaganda. Aquí es importante señalar que nunca los educadores han solicitado ni recibido salario por días no trabajados en el marco de una huelga.
Los llamados finiquitos, cosa distinta, han tenido por objetivo compensar los días no laborados producto de huelga, con cambios o ajustes en el calendario del año escolar a manera de compensación del tiempo, lo que a su vez justifica el pago de los días reemplazados, convirtiéndose en días trabajados.
Son también los llamados acuerdos de huelga, que no son nuevos como tal y que han sido practicados no solamente en el propio. Sector docente en el pasado, si no en otras instituciones del sector público, como la Caja de Seguro Social, en huelgas anteriores de sus funcionarios. La negociación del conocido finiquito queda como agenda pendiente del movimiento de educadores con el Ministerio o en todo caso, de seguir la tozudez gubernamental, se asume como una lucha de movilización al órgano judicial, por cierto, ganable. Pero jamás los educadores han solicitado pago por días no laborados. Que quede claro.
Lo que ahora defensores de la dictadura a propósito del regreso a clases y el desarrollo de la coyuntura global, dibujan como un éxito desde su concepción del ego burgués, carente de una mirada sociológica, no es otra cosa que crímenes contra la Constitución, la ley penal panameña. La firma del memorándum vende patria pasando por encima del artículo 325 de la Constitución Política y los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática durante 20 días y noches contra Bocas del Toro y el pueblo Ngobe Buglé, no serán pasados por alto.
Eso, tanto el dictador como sus seguidores responsables de la represión criminal, lo tendrán que pagar judicialmente, si no mediante juicio en la Asamblea Nacional por traición a la patria, lo pagarán después ante la justicia ordinaria y los procesos ante los organismos jurídicos internacionales, del sistema interamericano de justicia y hasta el Tribunal Penal Internacional, en La Haya. Los perseguidores de hoy serán los perseguidos de mañana.
Aun pese a todas las circunstancias derivadas de enfrentar a una dictadura sangrienta, desde el materialismo científico como método de análisis nos atrevemos a declarar que los educadores han conseguido hechos importantes e incluso, victorias parciales, si hacemos balance de fuerzas entre un pueblo desarmado atacado a mansalva por los militares, por un lado, y del lado opuesto, un gobierno de carácter tiránico, que cuenta hasta ahora con el apoyo de grandes capitalistas y bufetes en la tarea de matar y perseguir, pisoteando a la Constitución y el Derecho Internacional, armado hasta los dientes por Trump, al que sirven de manera rastrera como queda patentado con el memorándum antipatria.
En ese balance de fuerzas en donde el Ejecutivo es el Goliat y el pueblo sin armas es David, es importante señalar las fortalezas que ha demostrado tener el movimiento de los educadores, tomando en cuenta la cantidad de días de huelga, más de 80, y de como sobrevivieron casi intactos, si tomamos en cuenta el alto nivel de persecución de la dictadura en el país, reflejado en el ataque militar indiscriminado a fuerzas sociales aliadas durante la coyuntura, por parte de la dictadura cívico militar mulinista. Hablamos de la dura represión física y judicial contra los obreros los estudiantes universitarios y los pueblos originarios.
Después de 80 días de huelga, la más larga del magisterio desde 1979, cuando fueron 90 días, los educadores lograron sentar al Ministerio de Educación y arrancarle el compromiso de que no serán perseguidos, es decir, procesados ni despedidos, más de 16,000 educadores en huelga, lo cual constituye un importante espaldarazo al derecho de huelga del sector público, desde el punto de vista de la tradición de los acuerdos de huelga como fuente de derecho, con miras a la futura aprobación de una legislación que regule dicho derecho establecido en la Constitución Política, en el artículo 69, reconocido como derecho de los trabajadores por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la que Panamá forma parte.
En este sentido, la lucha de los educadores del año 2025 fortalecerá la línea de precedentes para el pleno reconocimiento constitucional y legal del derecho a huelga dentro del sector de trabajadores del Estado. De eso no cabrá duda.
Los doctores Rolando Murgas Torraza y Carlos Bichet, especialistas en derecho laboral y derecho internacional, respectivamente, señalaron ilustrativamente en los medios de comunicación y redes sociales, que de acuerdo al artículo 17 de nuestra Carta Magna, los derechos consagrados en ella no pueden reconocerse sino como mínimos, frente al desarrollo de los Derechos Humanos a nivel internacional, toda vez que el derecho no es congelado, sino que está en constante cambio. El artículo 4 de la Constitución establece que el estado panameño acata las normas de derecho internacional.
Una importante victoria de los de los educadores que en mi opinión es de carácter moral y en consecuencia potencialmente política, es que los educadores por tres meses han logrado mantener un pie de fuerza y de movilización en aras de un interés colectivo, en el marco de una sociedad caracterizada por la ideología de consumo, y bajo la fuerte represión de un gobierno dictatorial en función del cual los grandes capitalistas y bufetes, han cerrado filas para otorgarle licencia activa para matar, torturar y perseguir, buscando que no se repita lo sucedido en 2023.
Han demostrado los educadores que en este pueblo no todos aceptan de manera mansa la imposición de una ley que afecta de manera sustancial su calidad de vida, además de lo cual el movimiento de educadores ha sido una fuerza protagonista en la defensa de la soberanía y de la independencia nacional, levantando como consigna en las calles el rechazo al memorándum vende patria con Estados Unidos. Todo ello son victorias morales.
La formación que están recibiendo los jóvenes de secundaria al observar la lucha de sus maestros y profesores, así como su nivel de activación en la coyuntura, constituyen una victoria política ideológica y moral histórica de los educadores, logrando despertar nuevamente la llama de la rebelión patriótica y social en la juventud de secundaria. Eso es reivindicable. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, ello tendrá un papel decisivo en los acontecimientos históricos en el futuro
Con su lucha prolongada los educadores han logrado poner a Panamá en el mapa geopolítico de la actualidad mundial y han permitido constatar que este no es un pueblo genuflexo, sino que lucha por su independencia y por la defensa de sus derechos económicos y sociales, logrando quebrar por completo el falso paradigma de un país cipayo, que querían proyectar como el supuesto Dubai de las Américas. Todo eso ha quedado reventado producto de la movilización popular.
Queda en evidencia que en este país de profundas desigualdades de clase se amerita una honda reestructuración o revolución del estado y de la sociedad, de tal manera que el desarrollo nacional permita la reproducción de una mejor calidad de vida del pueblo con equidad, justicia social, sostenibilidad ambiental, inclusión y soberanía, esta última indispensable para el uso de los recursos de la según los intereses del pueblo, y no de potencias o corporaciones multimillonarias extranjeras.
La lucha contra la ley 462 se mantiene de cara a su derogatoria o modificación sustancial, así como también se abre el frente de los Derechos Humanos debido a los crímenes en Bocas del Toro, sin olvidar que hay varias querellas criminales contra el presidente de la República, el nuevo dictador, por el incumplimiento del artículo 325 de la Constitución, que obliga a que todo acuerdo, convenio o entendimiento, en relación con el Canal y su protección, tiene que ser llevado a referéndum nacional y ratificado por la Asamblea Nacional. Los educadores y el resto del pueblo organizado no olvida que en la asamblea nacional radican querellas criminales contra el presidente de la república y que el conocimiento de tales denuncias es competencia de dicha Asamblea en función al artículo 160 de la Constitución, sobre sus funciones judiciales especiales.
En Bocas del Toro los colegios se mantienen cerrados por decisión de la comunidad y varios bastiones indígenas se mantienen en estado de movilización y de alerta. Los educadores defenderán a cada uno de sus colegas en los colegios y exigirán la negociación de un finiquito completo de huelga así como el cese de toda forma de represión. Igualmente, los líderes magisteriales han declarado que en un horario que no afecte el desarrollo de las clases, seguirán con las convocatorias a movilización contra la ley 462, el memorándum vende patria y el interés del gobierno en inundar Río Indio y reabrir la mina a cielo abierto en Donoso, sin el concepto de la Asamblea Nacional y contrario a la opinión de las mayorías y de la propia Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos, todo lo cual presagia nubarrones. La lucha sigue y los temas están en pleno desarrollo.
