El presidente José Raúl Mulino, sancionó la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de $34,901 millones, el cual contempla un fuerte programa de inversiones de $11,188 millones orientado a dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los panameños.
Mulino destacó que la distribución presupuestaria responde a un enfoque social que prioriza las necesidades de la población y garantiza la prestación de servicios esenciales, al tiempo que impulsa la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.
“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, subrayó el mandatario durante el acto de sanción.
En materia de Salud, el presupuesto asignado fue de $10,049 millones, de los cuales la suma de $1,838 millones corresponden al Ministerio de Salud y $8,211 millones, a la Caja de Seguro Social.
Para el sector de Educación, lo presupuesto fue de $5,690 millones, de los cuales $3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación; además, $830.5 millones a Universidades e Institutos Especializados y $1,219 millones a otros sectores que contribuyen a la educación.
De igual forma, al sector del Agro, el presupuesto para la vigencia fiscal 2026 fue de $279.6 millones, mientras que en Obras Públicas lo asignado fue de $715 millones y el monto de $985 millones, a Seguridad.
El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando una reducción del déficit del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Asimismo, este presupuesto refleja eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia en su distribución e impulsa un crecimiento económico inclusivo.
Con la sanción de esta ley, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de administrar con eficiencia y responsabilidad los recursos públicos, garantizando que cada inversión contribuya al progreso social y económico de Panamá.
