Por Grisel Bethancourt
Armas de guerra, pistolas, rifles y municiones propiedad de los estamentos de seguridad de Panamá fueron a dar a manos de civiles. Cómo se dio la ruta de adquisición de las armas?
Era un secreto a voces en los corrillos. Personas que habían estado ligadas a temas de seguridad y a nivel judicial sin poder confirmarlo hasta hoy, señalaban el ingreso de armas a través de estamentos de seguridad y la venta de armas en un mercado negro.
Allanamientos simultáneos en las áreas de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas en la denominada “Operación Furia”, fue una acción ejecutada este 14 de julio por la fiscalía Superior Contra la Delincuencia Organizada, donde encontraron en allanamientos simultáneos, 13 fusiles, 1 rifle, 16 pistolas y 4 escopetas. Se registraron 19 aprehensiones.
Los protagonistas de dichas capturas son exdirectores de la Policía Nacional como Omar Pinzón del gobierno reciente de Juan Carlos Varela y Julio Moltó exjefe del Consejo de Seguridad y de la Policía en el periodo presidencial de Ricardo Martinelli. Además hubo un allanamiento en una casa localizada en una finca del exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López y en residencias de empresarios de la localidad.
Las armas son propiedad del Estado y se encontraban compradas y legalizadas con número de serie en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), algunas de ellas ingresadas al país en el 2012, según confirmó en conferencia de prensa el fiscal superior Emeldo Márquez.
El caso fue iniciado en marzo de 2019 por el ex fiscal Superior Contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza. Sorpresivamente el mismo Mendoza que instruía desde el 2017 otro caso similar por tráfico de armas de guerra en la que aparecen imputados, el civil de origen británico Yu Ki Tong, el exdirector de la DIASP, Ovidio Fuentes y la exjefa de Permisos de Armas, Ivette Flores Forero fue enviado de vacaciones.
Esta decisión fue tomada bajo la administración de la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, en ese mismo momento también enviaron de vacaciones al fiscal y subalterno Gilberto Salado, encargado de tramitar el caso de la carpetilla 201700057925 (Tong, Fuentes, Flores).
El Ministerio Público tras el regreso de Mendoza hizo rotaciones sin comunicarlo públicamente como suelen hacerlo usualmente, y fue enviado a la Fiscalía Superior de Homicidio/Femicidio, donde se encontraba al frente el fiscal Superior Emeldo Márquez y este último fue designado en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
No solo se dio la rotación del fiscal Superior, sino de funcionarios operativos de casos sensitivos y de alto perfil hacia la fiscalía de Homicidio/Femicidio.
La investigación del nuevo caso conocido con la carpetilla 201900014171 por tráfico internacional de armas, pasó desapercibida por más de un año y 4 meses, bajo la instrucción del propio Márquez. Marquez asestó un duro golpe al engranaje de exfuncionarios de seguridad del país, pero en la nueva administración del procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa.
La similitud de los casos radica en la adquisición de armas de guerra prohibidas en Panamá y legalizadas por la DIASP, esta vez involucra a los jefes de los estamentos de seguridad donde se produjeron las anomalías en la DIASP. Entre las armas hay con especificaciones israelíes.
Las autoridades del Ministerio Público investigan las ventas de armas incautadas y documentos de las armas adquiridas y legalizadas.
Para este 15 de julio, se tienen previstas audiencias de control de garantías, formulación e imputación de cargos.
El abogado Angel Alvarez que representa legalmente a Rolando López, pidió una audiencia de afectación donde no compareció ni se notificó la fiscalía superior que investiga el caso.
Argumentó que las armas encontradas en una finca en Río de Jesús, provincia de Veraguas son heredadas. Su representado Rolando López no había sido detenido por la fiscalía este 14 de julio.
López era considerado uno de los hombres más poderosos en materia de seguridad y control del país. Mantenía cuadros policiales en distintos estamentos de seguridad incluyendo a la Procuraduría General de la Nación durante el periodo de Porcell. Era un brazo influyente del presidente Varela, así lo revelaron las comunicaciones de los denominados Varelaleaks.
Así operaba la DIASP
La investigación realizada por las periodistas Zaida Herrera y Grisel Bethancourt para Connectas, La Prensa y El Digital Panamá pudo develar el actuar ilegal de la DIASP.
El 18 de septiembre de 2018, a las 10:05 de la mañana, Ivette Flores Forero cumplió con una citación judicial y respondió un interrogatorio ante el exfiscal especializado de delincuencia organizada, Gilberto Salado.
Reveló el modus operandi del mercado ilegal de permisos de armas expedidos durante el periodo de Fuentes: “Yo mantenía acceso a los expedientes de las personas no recomendadas. Me pedían que firmara un permiso de arma, el cual ya venía firmado por el director Ovidio Fuentes”, explicó la mujer de 54 años, quien, desde el 30 de octubre de 2016 hasta mayo de 2017, fue la jefa encargada del Departamento de Permiso de
Armas de la DIASP.
La entrevista rendida por Ivette Flores Forero, registrada en la
investigación 20170005725, muestra que, en la DIASP, se registraba un flujo de trámites de permisos de armas ilegales, en el periodo contenido de veda de importación que fue emitida mediante decreto ejecutivo en 2012.
Flores Forero también dijo que los trámites consistían en mandar a buscar el expediente directo de los archivos de la DIASP, orden emitida por Fuentes, donde reposaban los registros de armas de fuego, sin el consentimiento de ella, como jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas.
La finalidad era confeccionar el permiso de porte o tenencia el mismo día, sin cumplir con los requisitos establecidos.
Las 66 armas que ingresaron desde Estados Unidos de forma ilegal fueron atribuidas a Yu Ki Tong, las mismas fueron legalizadas por la DIASP, a través de una oficina “VIP” al mando de Ovidio Fuentes.
Tanto la Operación Furia y el caso del Expediente Secreto del escándalo de Armas en Panamá tendrían una misma raíz, la legalización de un mercado negro de armas de guerra traficadas por funcionarios de estamentos de seguridad.
