La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), integrada por los siete pueblos originarios y las 12 estructuras de consejos y congresos territoriales del país, expresa su total rechazo a la aprobación “a tambor batiente” del polémico contrato minero.
“Los diputados en aras de sus ambiciones personales y en contra de los intereses de la gran mayoría de los Panameños, aprobaron a la carrera el contrato ley minero que es una burla al país”, sentenció Marcelo Guerra, Presidente de COONAPIP.
Para los dirigentes de COONAPIP, en el marco de estas actuaciones de los llamados “padres de la patria”, el Diputado Leandro Avila, en una muestra de su “codicia desmedida”, ha planteado en la Asamblea Legislativa la posibilidad de “abrir un debate con los hermanos Ngobe” sobre la explotación de la mina de Cerro Colorado, ubicada en el territorio de la Comarca Ngobe Buglé, cuando hace años en una lucha que provocó muertos y heridos, se logró la aprobación de una ley que prohíbe la Minería en la Comarca y áreas anexas (Ley 11 de 2012).
“Que venga Leandro Avila a la comarca a debatir sus pretensiones sobre Cerro Colorado, ya lo estamos esperando”, señaló el dirigente originario.
“El Diputado Leandro Avila se burla e irrespeta a los pueblos originarios, especialmente a los Ngobe Bugle, proponiendo que, así como aprobaron el contrato ley de minera Panamá, se proceda a considerar la explotación de la mina de Cerro Colorado”, lamentó Guerra.
“Que sepa Leandro Avila que la posición firme de nuestro pueblo es NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA de Cerro Colorado, no más explotación minera en el país, y nosotros, desde ya, estamos en pie de alerta ante esta intención desafortunada, que es una muestra más de la avaricia que abunda en este órgano del estado”, sentenció el Presidente de COONAPIP.
“Sobre el contrato minero, no todo está dicho, y hacemos un llamado a la población indígena a sumarse a las acciones hasta lograr la derogación de la Ley, haremos valer la posición generalizada del pueblo panameño en contra de este nefasto contrato que más que beneficios, es un despojo al país de sus riquezas a cambio de nada, condenando la biodiversidad y la vida de la presente y futura generación”, concluyó Marcelo Guerra.
