Organizaciones de la sociedad civil que integran el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y más de 60 organizaciones comunitarias, científicas, sociales y ambientales aliadas, rechazan el uso del sistema judicial panameño como parte de una estrategia de hostigamiento y persecución orquestada por grupos que desarrollan proyectos que ponen en riesgo el patrimonio natural de Panamá.
Dos querellas penales fueron presentadas en contra del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y ADOPTA Bosque, debido a sus esfuerzos por concientizar sobre el impacto que Puerto Barú tendría en el área protegida de manglares en David, provincia de Chiriquí. Las organizaciones se basan en reportes científicos independientes que han concluido que los impactos no fueron evaluados adecuadamente y que la región de Puerto Armuelles, sería una mejor ubicación para dicho proyecto.
Estas querellas han sido catalogadas por organizaciones internacionales como un litigio estratégico contra la participación pública o SLAPP, como es conocido por sus siglas en inglés. Se trata de una acción legal cuyo propósito es utilizar el sistema judicial para intimidar y hostigar a personas y organizaciones protectoras de los derechos humanos.
Las organizaciones piden al Ministerio Público que, actuando con todo el rigor de la Ley, desestime estas querellas infundadas y proteja el espacio cívico. También exigen a las autoridades cumplir con su deber de garantizar un entorno propicio para la labor de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, conforme al Acuerdo de Escazú, ratificado por la Asamblea Nacional, mediante la Ley 125 del 4 de febrero de 2020.
Sin ecosistemas sanos no hay población sana ni economía sostenible. Los esfuerzos de conservación en Panamá solo serán sostenibles en la medida en que se garantice la labor complementaria y crucial de las organizaciones y personas defensoras del ambiente.
