En atención a las denuncias por supuestas anomalías en el suministro de alimentación a los migrantes irregulares que se encuentran en las Estaciones de Recepción Migratorias de Lajas Blancas y San Vicente en la provincia de Darién, el Servicio Nacional de Migración informó que hace todas las gestiones dirigidas a garantizar la alimentación, salud y seguridad de esta población son parte de los compromisos asumidos por el Estado panameño para el cumplimiento de las medidas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la sentencia Vélez – Loor vs Panamá del año 2010.
Según la entidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que Panamá debe proveer una alimentación suficiente con especial requerimiento nutricional a los migrantes, por lo que el Servicio Nacional de Migración gestionó la contratación del servicio de comidas preparadas en sitio, durante el período comprendido entre el 15 de septiembre del 2020 al 16 de febrero del 2021; sin embargo, ante el aumento de los flujos migratorios irregulares durante el presente año, que asciende a más de 70 mil migrantes, la institución ha tenido que gestionar un nuevo contrato que permita cubrir el suministro de alimentos a esta población, de manera que se les garantizara, a las 2,000 personas que aproximadamente transitan por las Estaciones de Recepción Migratorias en la provincia de Darién, recibir una alimentación adecuada y que reúna estándares de calidad.
Es importante señalar que nuestro país debe cumplir con los procedimientos de revisión y verificación biométrica de cada migrante que ingresa de forma irregular, además de brindar la asistencia médica y humanitaria que requieran, lo cual evidentemente incide en el tiempo que los mismos deben permanecer en territorio nacional.
Además de estos aspectos, se debe tomar en cuenta que cada día nuestro país recibe grupos numerosos de migrantes y su movilización está sujeta a la capacidad de gestión migratoria de la República de Costa Rica, por tanto, reiteramos nuestra responsabilidad, de garantizar a estas personas el suministro de alimentos, atención médica y seguridad durante todo el tiempo que deban permanecer en territorio panameño.
