Con el objetivo de dotarla de mayores competencias y mecanismos de acción para atender de forma más efectiva y cercana a todas las personas que buscan orientación y protección de sus derechos humanos, este viernes es publicada la Ley 504 en la Gaceta Oficial 30428 del 19 de diciembre de 2025, por la cual se moderniza la Defensoría del Pueblo bajo los estándares internacionales establecidos en los Principios de París, alineada con mejores prácticas globales para proteger los derechos humanos.
Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación del artículo 50, que reduce a 15 días hábiles el plazo máximo de respuesta que las autoridades deben ofrecer a la Defensoría en las investigaciones sobre posibles vulneraciones de derechos humanos, con la posibilidad de una sola prórroga. Esta modificación se traduce en una atención más rápida, oportuna y efectiva para las personas que acuden en busca de amparo.
Ante las quejas recurrentes sobre falta de agua, electricidad y transporte público, la nueva ley amplía el mandato de la Defensoría a empresas públicas, mixtas y privadas que prestan servicios de interés público. Este cambio representa un avance sustantivo, pues permitirá que la institución intervenga frente a deficiencias en servicios esenciales, ampliando su competencia más allá de las concesiones o autorizaciones administrativas establecidas previamente.
Otro de los avances es la mediación con carácter vinculante, que hará que los acuerdos alcanzados entre usuarios y empresas sean de obligatorio cumplimiento, evitando cierres de calles o protestas al atender a los reclamos.
La nueva normativa también refuerza la supervisión en espacios sensibles, al autorizar inspecciones amplias en centros de protección, educativos y de rehabilitación, tanto públicos como privados.
En materia de cumplimiento, la ley faculta a la Defensoría a acudir al Órgano Judicial cuando sus recomendaciones sean ignoradas, y a instar la aplicación de regímenes disciplinarios para cesar violaciones y restaurar derechos, otorgando a la institución mayores herramientas.
Asimismo, la iniciativa impulsa la modernización tecnológica, al permitir la gestión y notificación digital de los trámites, y fortalece la transparencia institucional, al autorizar la publicación de prácticas violatorias de derechos humanos cometidas por particulares.
Con estos cambios, la Defensoría del Pueblo se consolida como una institución más cercana, resolutiva y con mayor capacidad para hacer valer los derechos humanos de todas las personas, fortaleciendo su rol como garante de la dignidad y la justicia social en Panamá.
