Por: Vianca Vidal Quintero Valdés
A través, de su Código de Conducta la Unión Europea, comunicó a la República de Panamá que consideraba el régimen fiscal territorial como pernicioso en función de cinco criterios, (1) nivel bajo de imposición; (2) ring-fencing; (3) sustancia; (4) principios internacionalmente aceptados y (5) transparencia.
Ante las consideraciones expresadas, Panamá argumentó sobre la solidez de su sistema impositivo y destacó todos y cada uno de los mecanismos que ha implementado en los últimos años para evitar los posibles riesgos que pudiesen surgir a partir de interacciones entre dos sistemas tributarios distintos.
“Nuestro país coopera con la información requerida y contribuye con una fiscalidad más transparente y equitativa con la Unión Europea” manifestó, el Ministerio de Economía y Finanzas.
El gobierno destaca, que entre los múltiples esfuerzos realizados resaltan: la adherencia al Marco Inclusivo de BEPS desde 2016, la implementación de los estándares de intercambio de información fiscal automático y a requerimiento, la implementación de los estándares internacionales para la aplicación de las normas de Precios de Transferencia, el cumplimiento e implementación de los estándares mínimos del Proyecto BEPS, la adecuación legislativa e implementación operativa de cambios sustanciales a los regímenes especiales en la República de Panamá, entre otros.
A su vez afirman, que los cambios mencionados demuestran la voluntad del país en adecuarse a los estándares internacionales tributarios para evitar que el resultado de la interacción entre su sistema fiscal territorial con otros sistemas fiscales fuese la no imposición o la doble imposición.
Pese a los esfuerzos realizados, y de la argumentación sustentada por parte de la nación panameña, el resultado de la evaluación por el Código de Conducta concluyó en considerar el sistema fiscal de la República de Panamá como pernicioso y se solicitó que el Gobierno
Nacional exprese su compromiso del más alto nivel técnico y político para realizar todas las modificaciones normativas necesarias antes del 31 de diciembre de 2022 y que su implementación iniciase a partir del 1 de enero de 2023.
Por su parte, el Código de Conducta comunicó al país canalero que la consecuencia de no expresar compromiso sería la inclusión de Panamá en la Lista de la Unión Europea de Países no Cooperadores en materia fiscal, lista en la cual el país actualmente se encuentra por la calificación de “parcialmente cumplidores” otorgada por el Foro Global, en materia de intercambio de información fiscal a requerimiento.
