El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez, ante la evidencia de una debilidad institucional, presentó al pleno de diputados dos iniciativas dirigidas a la aprobación de una Ley General Anti- Corrupción mediante reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal.
Según el jefe del Ministerio Público, ambos proyectos tienen el objetivo principal de combatir el flagelo de la corrupción, desde un enfoque de naturaleza integral, en los cuales se hacen ajustes de aspectos sustantivos y procesales dentro del ordenamiento jurídico.
Aseguró que se proponen marcos jurídicos modernos, integral y especializado cuyo propósito es claro y firme para cerrar toda brecha, que, de una u otra forma, permiten que la corrupción evolucione y actué con mayor rapidez.
Hizo referencia en que las iniciativas integran nuevas técnicas especiales de investigación, método de eficacia demostrada en el combate del delito del crimen organizado.
Los proyectos de ley, manifestó el funcionario, contemplan procedimientos agiles y especializados, siempre cumpliendo el estricto debido proceso, el respeto de la presunción de inocencia y demás garantías fundamentales que establece la Constitución Política de Panamá.
En cuanto al proyecto que modifica artículos del Código Penal, Gómez enfatizó que se aumentan las sanciones relativas a delitos contra la administración pública.
Gómez explicó que el delito en mención es un cáncer que corroe los cimientos de un estado de derecho y socaba la legitimación de las instituciones.
Señaló que esto conlleva a la erosión de la confianza en la población del manejo de la administración de la cosa pública, ya que estas acciones tienen un impacto devastador en los ámbitos económicos, políticos y sociales obstaculizando el desarrollo sostenible del país.
INCREMENTA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
Aseveró que el índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, evidencia una persistente debilidad institucional.
Agregó que los informes más recientes arrojan que nuestro país obtuvo una calificación de 33 puntos sobre 100, situándose por debajo del promedio de la región que es de 42 puntos.
Afirmó que la corrupción en Panamá sigue y continúa siendo un problema sistémico y arraigado que requiere de reformas profundas y sostenidas, ya que sólo en las fiscalías anti corrupción se mantienen en investigación unas 3 mil 840 causas activas.
Dijo que son delitos que afectan directamente los intereses del Estado en las modalidades contra la administración pública. Manifestó que dentro de estas causas se encuentran las violaciones contra el orden económico, como la retención indebida de las cuotas obreros- patronales. Al igual, se define el blanqueo de capitales que emana de actos corruptos y patrimoniales.
