El promotor del proyecto “Puerto Barú en David”, la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services, ha emprendido un nuevo ataque sin precedentes contra dos organizaciones panameñas de la sociedad civil: el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque Panamá, esta vez mediante un proceso civil de secuestro preventivo de cuentas bancarias y activos, con el objetivo de obstaculizar su labor en defensa del derecho a un ambiente sano.
No se trata de una sentencia ni de una sanción, sino de una medida cautelar que permitiría asegurar activos para una eventual demanda civil futura. Esta acción desproporcionada afecta gravemente el funcionamiento de ambas organizaciones, al impedir el pago de gastos administrativos esenciales y congelar salarios y fondos de cesantía de sus trabajadores. En el caso de CIAM, se dificulta la prestación de defensa legal gratuita a comunidades vulnerables y ecosistemas en riesgo; mientras que, para Adopta Bosque Panamá, se pone en peligro la gestión de cuatro fincas en Chiriquí y Darién destinadas a la conservación, educación e investigación científica, donde se han identificado 74 nuevas especies para la ciencia.
Este es el primer incidente de este tipo contra organizaciones no gubernamentales en Panamá, lo que genera serias preocupaciones sobre la vigencia de los valores democráticos y la libertad de expresión en el país.
CIAM y Adopta Bosque Panamá integran una coalición de más de 60 organizaciones que solicitan la reubicación del proyecto Puerto Barú, luego de que evaluaciones científicas advirtieran los impactos que la construcción y operación portuaria podrían causar sobre los Manglares de David, ecosistema protegido por ley desde 2007. Dichos estudios también identificaron fallas en la Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa y señalaron a Puerto Armuelles como una alternativa más viable para el desarrollo portuario en la provincia.
Este constituye el segundo ataque consecutivo contra ambas organizaciones. En agosto de 2025, los promotores presentaron querellas penales por calumnia e injuria y por delito contra la seguridad económica, sin lograr avances ante el Ministerio Público. Ante ello, ahora recurren a la vía civil, sentando un precedente nefasto para los derechos humanos y la libertad de expresión en Panamá.
Según Lilian González Guevara, vocera de ambas organizaciones: “El promotor recurre a un marco normativo ya superado para congelar activos sin sustento suficiente, con la expectativa de obtener ventaja en un proceso judicial futuro”. Añadió que “las organizaciones continuarán defendiendo el patrimonio natural del país y el derecho de todas las personas a expresarse sin temor sobre asuntos de interés público”.
Organizaciones de la sociedad civil que acompañaron la conferencia de prensa rechazaron este ataque y anunciaron que presentarán una solicitud formal ante la Defensoría del Pueblo para la instalación urgente de una mesa de trabajo orientada a la elaboración de un proyecto de ley que proteja a personas y organizaciones defensoras frente a este tipo de acciones. “Nadie debe sentir temor por defender los derechos humanos en Panamá”, concluyó González Guevara.
