Tras una la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Informaciónas (Antai) en los procesos de los conocidos “influencers” que laboran en instituciones del Estado, la entidad aconsejó dejar sin efecto los contratos de Delany Precilla y Vicente Paul McDonald.
En el caso de Delany Precilla y Vicente Paul McDonald, se recomendó dejar sin efecto los contratos, en virtud de la potestad que le otorga a ANTAI, la Ley 33 del 25 de abril de 2013 de asesorar a las instituciones del Estado.
En referencia a Adrián Pérez y Ana Paula De León, ex funcionarios de la Asamblea Nacional, se ordenó el cierre de la investigación toda vez que, ya no laboran en esa entidad, por lo cual no ostentan la calidad de servidores públicos.
De igual forma, las investigaciones determinaron que en el caso del servidor público Víctor Durán, se debe reclasificar su cargo de acuerdo con la estructura que determina la Dirección General de Carrera Administrativa, por lo que se solicitó a la institución que se adecúe dicha acción de recursos humanos para que se realice este cambio estructural.
Asimismo, se concluyó que los servidores públicos Margarita Henríquez, Rolando Mosley, Miguel Remón, Karen Peralta, Denisse Becerra y Zuany Oberto, cumplen con los requisitos legales para ocupar dichas posiciones. Además, de haberse determinado, a través de los registros de asistencia que los citados funcionarios efectúan adecuadamente su jornada de labores. También realizan las funciones encomendadas y poseen la debida idoneidad, educación o experiencia previa para ocupar los cargos.
En cuanto al servidor público Jhony López, se ordenó el cierre de la investigación, al determinarse que su identidad no corresponde a la del influencer que fue mencionado en las redes sociales, Jhony López. En el caso de Roberto Durán (hijo) se está a la espera de documentación por parte de la Asamblea Nacional, para proceder con su valoración.
Cabe destacar que estas resoluciones están fundamentadas en la Ley 33 de 25 de abril de 2013, que le otorga a la ANTAI la función de adelantar las investigaciones respectivas de hechos que puedan afectar la buena marcha del servicio público.
