Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del personal del Ministerio de Salud (MINSA), la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), participó de la jornada de capacitación sobre presupuesto y proyecto de inversión pública, evento dirigido a planificadores y personal de presupuesto, especialmente a las unidades de planificación de las regiones de salud, en el marco del cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP).
Dalila Rodríguez, jefa del departamento de Programación de Inversiones del MEF, efectuó presentación sobre el proceso de formulación de proyectos de inversión pública, centrada en estudios de factibilidad y análisis costo-beneficio abordando los temas sobre los requisitos técnicos que deben cumplir los proyectos para ser evaluados favorablemente y acceder al financiamiento público.
«La DPI, como coordinadora del SINIP, tiene la función de capacitar a las instituciones públicas en las normas y procesos necesarios para programación, presupuesto y ejecución en materia de inversiones», explicó Rodríguez.
La importancia de cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, la cual exige que los proyectos menores a 30 millones de dólares (menores de 0.1 % del Presupuesto General del Estado) presenten un estudio de prefactibilidad, mientras que aquellos mayores deben incluir un análisis de costo-beneficio (mayores de 0.1 % del Presupuesto General del Estado). Estos estudios permiten evaluar si la inversión generará el impacto esperado en la sociedad y junto a la disponibilidad de recursos, facilitarán la priorización de las inversiones públicas.
«Nuestro rol dentro del MEF es asegurar que el gasto público esté alineado a las necesidades de la población y al Plan Estratégico de Gobierno», señaló. Asimismo, enfatizó que los proyectos deben formularse con un enfoque orientado al valor público: “En el caso del sector salud, la finalidad de una inversión no es únicamente la construcción de infraestructura, sino garantizar la prestación de servicios de calidad a la comunidad”, concluyó.
Esta iniciativa reafirma el compromiso de la DPI y el Ministerio de Salud con una gestión pública eficiente, transparente y centrada en resultados tangibles para la ciudadanía.
