Carlos Ernesto Guevara Villar
Abogado
La oligarquía y la burguesía panameña, mediante un gobierno de orientación proestadounidense y entreguista, desarrollan una política sistemática de persecución, represión policial y judicialización contra dirigentes y miembros del movimiento obrero y popular. Esta política se dirige, en particular, al SUNTRACS, ASOPROF, AEVE, comunidades indígenas y estudiantes universitarios críticos e independientes. Durante la reciente huelga, la rectoría universitaria coadyuvó a la desmovilización, suministró información a las autoridades competentes y promovió normas de carácter represivo para impedir las protestas en el campus, en abierta vulneración de la autonomía universitaria. Resulta especialmente reprochable, que el rector ceda dicha autonomía, de forma tan flagrante.
El presidente Mulino, quien accedió al cargo con apenas el 34 % de los votos como sustituto de Ricardo Martinelli, exhibe un estilo político marcadamente autoritario, propio de un régimen de derecha. Ha instrumentalizado los tres poderes del Estado —todos ellos afectados por la corrupción y el clientelismo— para imponer legislación de carácter regresivo, como la Ley 462 que reformó el sistema de seguridad social. Dicha reforma provocó una movilización social de más de ochenta días, inicialmente encabezada por educadores y trabajadores de la construcción, a la que se sumaron, de forma espontánea, comunidades originarias de Darién y Bocas del Toro, hastiadas de la precariedad que las aqueja.
Consecuente con su ideología, Mulino ha reiterado públicamente que su lealtad se debe únicamente al empresariado. Ello se refleja, por ejemplo, en las actuaciones administrativas ilegales emprendidas por el IPACOOP contra la cooperativa del SUNTRACS: secuestro de bienes muebles fuera de horario y un proceso de liquidación arbitrario dirigido por un abogado sin idoneidad profesional, suspendido incluso por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia. A estas acciones se suman investigaciones penales caracterizadas por contradicciones y falsedades, desde el caso de las fincas de Bocas del Toro hasta los procesos incoados contra más de ochenta trabajadores de la construcción, que incluyen detenciones, autoexilios y enjuiciamientos sin pruebas sólidas.
La represión se sustenta en el aparato militar y en el respaldo del imperialismo estadounidense, que formaliza su presencia a través de “memorandos de entendimiento” que lesionan la soberanía nacional y facilitan intervenciones militares en la región bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, como ocurre actualmente en Venezuela. Defendemos la soberanía de ese país —aunque sin avalar al gobierno de Maduro— bajo la consigna: Trump, manos fuera de Venezuela.
La burguesía, por intermedio de Mulino, procura compensar la caída de sus niveles de acumulación de capital mediante el uso irrestricto de los tres poderes del Estado. Así quedó demostrado en la defensa de las jubilaciones, cuando el gobierno impuso, a sangre y fuego, un plan de ajuste destinado a satisfacer a las instituciones financieras internacionales y a las corporaciones transnacionales, incluidas las mineras. Dicho plan contempla reformas a la seguridad social, al Código de Trabajo, a la gestión del agua, a la educación secundaria y superior, al régimen tributario y a la explotación minera. Para materializarlo, el régimen refuerza sus prácticas autoritarias y busca debilitar —e incluso desarticular— al movimiento obrero y popular, mediante la persecución, criminalización y judicialización de sus dirigentes.
Lo que acontece en Panamá no es un fenómeno aislado, sino parte de la política global de un capitalismo imperialista en decadencia. Enfrentar esta realidad exige abrir un debate profundo dentro del movimiento obrero, popular y social, a fin de prepararse para las nuevas luchas, especialmente contra el extractivismo minero, a través de un frente unitario y democrático, con un programa de acción claro, aprendiendo de los errores del pasado y superando el temor a la criminalización.
Es imperativo construir una nueva etapa de lucha social. Aunque se hayan obtenido victorias parciales o se hayan sufrido derrotas, la confrontación continúa. Somos mayoría: los de abajo, los desposeídos, los discriminados, quienes padecemos las consecuencias de un Estado al servicio de la burguesía, el imperialismo y las transnacionales. Somos un pueblo históricamente habituado a enfrentar las injusticias, capaz de movilizarse con las consignas adecuadas, como quedó demostrado en la resistencia contra la minería.
Por ello insistimos: en la lucha de clases, como en la vida, desaprovechar las oportunidades se paga caro. Tal es una de las lecciones de la reciente huelga, cuando existieron condiciones para exigir la caída del régimen y, sin embargo, las dirigencias se limitaron a la consigna inmediata de la defensa de las jubilaciones.
En la actualidad, el gobierno mantiene en el centro penitenciario La Mega Joya y en detención domiciliaria —o en el exilio— a dirigentes del SUNTRACS, y ha separado ilegalmente de sus cargos, sin derecho a remuneración, a más de trescientos educadores, muchos de ellos referentes de la izquierda, además de dejar un saldo de personas procesadas, fallecidas, heridas o lisiadas en todo el país.
