Durante la administración del expresidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, la Junta de Control de Juegos (JCJ) habría permitido la operación de al menos 12 salas de apuestas presuntamente ilegales, vinculadas a la empresa Gaming & Services, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba su cierre.
Según publicaciones de La Estrella de Panamá y La Prensa indicaron que “la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales la cláusula tercera y el numeral 4 de la cláusula cuarta de la adenda al contrato de concesión entre el Estado y Gaming & Services de Panamá’.
Hasta el momento se esta a la espera de que se cumpla el fallo de la CSJ.
La Corte reconoció que operar 12 salas de máquinas tragamonedas tipo A adicionales a las salas autorizadas por el contrato de administración quedaron regidas por las mismas obligaciones, términos, derechos, condiciones y estipulaciones y el derecho de exclusividad como administrador para operarlas.
Además, sostuvo la Corte que el derecho de exclusividad para operar salas de máquinas tragamonedas tipo A, implicaría infringir el Decreto Ley 2 de 1998, el de perjudicar la libre competencia y la inversión de otros administradores que mediante un contrato de casinos completos han invertido con permiso de la autoridad.
Documentación oficial y registros públicos apuntan a que Manuel Sánchez, quien ocupaba el cargo de secretario general de la JCJ, junto con el hermano del exmandatario Cortizo, habrían desempeñado un doble rol institucional y privado. Ambos figuraban, además, como representantes legales de la empresa señalada a través del bufete Cortizo & Sánchez, lo que configura un posible conflicto de intereses.
