Por Jorge I. González
Especialista en Derecho y funcionario de la Universidad de Panamá
La reciente aprobación en tercer debate del proyecto de ley 157 que declara al 20 de Diciembre como Día de Duelo Nacional y del proyecto de ley 638 que crea la Ley del Historiador e Historiadora, constituyen dos instrumentos de derecho que contribuyen al fortalecimiento de la justicia social, la conciencia nacional y de la identidad de Panamá como país soberano.
Por espacio de 30 años las calles del país fueron y sigue siendo el escenario en donde los movimientos sociales de corte popular, las asociaciones de víctimas de la invasión y luchadores del 20 de diciembre de 1989, han solicitado a los distintos gobiernos de turno la declaración del 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional. En el pasado diversos gobiernos declararon al 20 de diciembre como jornada de reflexión nacional e incluso duelo, pero sin los rigores que la ley laboral exige y carentes del peso simbólico, ideológico, que demandan los hechos históricos de la Nación.
El proyecto de ley 157 hace del 20 de Diciembre un verdadero día de duelo nacional, con todas las características que establece el Código de Trabajo para esos efectos, igual que el 9 de Enero y el denominado Viernes Santo de la religión cristiana. Además, exige a las autoridades del estado la realización de actividades orientadas a la educación y concienciación de la juventud y la población sobre los hechos en la funesta y criminal invasión de Estados Unidos a Panamá.
Por otro lado, la Asamblea Nacional también aprobó el proyecto de ley 638 que crea la Ley del Historiador e Historiadora, lo cual da un espaldarazo y protección a la carrera de Historia, durante más de un siglo despreciada por el estado oligárquico más bien interesado en la desnacionalización del imaginario colectivo del pueblo que en la forja de la identidad y el conocimiento de la historia.
Con una nueva Ley del Historiador e Historiadora se amplía y reconoce el marco profesional atribuíble por su competencia y naturaleza a quienes han estudiado la carrera de Historia en la Universidad de Panamá, a la vez que se le garantizan todos los derechos inherentes a su condición como sucede con todas las demás profesiones reguladas mediante ley, como las del médico/a, abogado/a, sociólogo/a, criminólogo/a, arquitecto/a, farmaceutas, etc.
Los historiadores e historiadoras del país han sido penalizados por su vocación, confinados solo a espacios de enseñanza escolar y los que debieran ser sus espacios de idoneidad profesional en el campo social son usurpados por otras profesiones, sin cumplir con el rigor de los estudios aplicados en los recintos especializados del saber en cuestión.
Detrás de las voces de quienes insisten en rechazar la necesaria Ley del Historiador e Historiadora, se blindan a todas luces otros propósitos, en su mayor parte individualistas, interesados unos en desvirtuar la esencia de la historia y motivados otros por el afán comercial eminentemente lucrativo, consistente en someter a la explotación económica a nacionales y extranjeros en museos privados, procurando personas que no se cobijen dentro del régimen profesional del Historiador debidamente graduado de la universidad oficial y acreditado en ejercicio pleno de sus derechos económicos y sociales laborales.
Hechas estas aseveraciones de trascendencia cívica y relevancia patriótica, concluimos que es imperativo que el Presidente de la República, Nito Cortizo, proceda a la sanción afirmativa de ambos proyectos de ley porque son una deuda ante la historia.
