Alejandro Watson y su firma de abogados prestaba servicios legales a Sonama Panamá pero paralelamente se entendía con Morgan & Morgan que eran los defensores de los demandados El Consorcio ICA – FCC y MECO
A el consorcio MECO-ICA-FCC, se les adjudicó un proyecto de excavación y de movimiento de tierra del proyecto de expansión del Canal de Panamá, el consorcio a su vez subcontrató a Sonama y Sonama Panamá S.A, empresa con amplia experiencia en esas labores.
Para cumplir con lo pactado, el empresario español Manuel Valiente, representante de la empresa subcontratada, trasladó desde España la maquinaria que se necesitaba y se puso manos a la obra, todo iba bien al principio, el consorcio les pagó los primeros trabajos en la fase de movimiento de tierras pero llegada la segunda fase dejaron de pagar argumentando un supuesto incumplimiento del contrato.
Ese supuesto incumplimiento fue fabricado para tomarlo como excusa y sacar a SONAMA, S.A Y SONAMA PANAMÁ del camino, tal confabulación quedó al descubierto en la declaración jurada que presentó ante un notario del Estado de La Florida, Ernesto Inderbitzen el ex directivo de ICA, una de las empresas integrantes del consorcio
“Tenemos toda la documentación notariada, peritada, presentada y admitida; lo que demuestra la veracidad de nuestra reclamación”, ha dicho Valiente.
Señaló que producto de este incumplimiento en los pagos, se les ha causado un gran perjuicio económico a sus empresas y agregó que la maquinaria traída desde España lleva once años a la intemperie en un lote en La Chorrera, porque no tienen el dinero para embarcarla de vuelta.
Ante la actuación del consorcio ICA – FCC – MECO y su negativa a honrar los pagos por los trabajos realizados, al representante de SONAMA S.A y SONAMA PANAMA no le quedó otra opción que acudir a los tribunales en búsqueda de justicia.
Manuel Valiente confiaba en que le asistía la razón y que tenía todas las pruebas y documentación para ganar en el proceso legal, Valiente creyó en la justicia panameña y también en el abogado que había contratado, su ciega confianza en la justicia que en Panamá se representa con la imagen de una mujer vendada, que proyecta imparcialidad, pronto se vería alterada.
SONAMA S.A y SONAMA PANAMÁ contratan a la firma del abogado Alejandro Watson para que llevara adelante sus reclamaciones ante los tribunales de justicia de Panamá.
Watson le comentó a Valiente, que no debía preocuparse, porque él tenía buenos contactos en los tribunales, incluso “jueces amigos”.
Valiente no entendió el comentario en ese momento, puesto que en su visión de la justicia, bastaba con tener la razón y las pruebas, y tanto sus empresas como él, las tenían, pronto se daría cuenta que esa lógica en la administración de justicia de Panamá no funcionaba así.
En la primera instancia, en el Juzgado Séptimo de Instrucción que atendió el caso, los folios eran once mil, en ellos estaban todas las pruebas pero el juez no valoró la documentación y las pruebas aportadas. Después el caso pasó a la segunda instancia, en el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y es allí donde Valiente se dio cuenta que el abogado que lo representaba, paralelamente también era abogado de FCC, algo que desconocía.
En la segunda instancia, explica Valiente, prácticamente pasó lo mismo, esta vez a través de un fallo un poco más favorable que el de la primera instancia, pero que de igual manera no cubría en lo absoluto todas las reclamaciones presentadas. Es en ese momento que para Manuel Valiente todo queda claro y se ve obligado a aceptar la triste realidad. “La justicia de Panamá tiene fallas.
El contubernio de Alejandro Watson con M&M
Enterado Manuel Valiente de que Alejandro Watson era también abogado de FCC antes y durante el proceso en causas civiles, de MECO y Carlos Cerdas en sus causas penales, pues estas las llevaban con Omar Cadul Rodríguez de M&M, su esposa jefa de asuntos penales del despacho de Watson, Marcela Arauz Quintero y el propio Watson. Estaba claro que se encontraba en presencia de un delito de prevaricación, muy grave y que debía ser penado.
Valiente llama entonces a Watson para reunirse con él y plantearle el conflicto de interés, los graves delitos y las faltas a la ética que estaba cometiendo. Acordaron reunirse en una cafetería próxima a la oficina del abogado. Manuel Valiente le reclamó que; como era posible que siendo su abogado, lo hubiese traicionado, pues había procedido a doblar las voluntades, tanto la del juez séptimo, Guillermo Ballesteros, como la de los ponentes y el asistente del Primer Tribunal Superior, totalmente en su contra.
Divagante, a Watson no le quedo otra alternativa que reconocer los hechos y accedió a retirarse del caso, no sin antes advertirle a Valiente que; Carlos Cerdas, el dueño de MECO era una persona muy influyente, con una gran capacidad económica y le recomendó que desistiera de la demanda a MECO.
En menos de 48 horas, Watson le hizo llegar a Valiente un importante suma de dinero (más de US100,000.00), era parte de la cantidad que le había sido entregada por el caso y que procedió a devolverlos para lo cual solicitó la firma de un acuerdo que le eximía de cualquier responsabilidad.
La conversación fue grabada en su teléfono celular por Watson, dijo que temía recibir “alguna amenaza” por parte de Valiente.
Morgan & Morgan representantes legales de El Consorcio ICA – FCC – MECO tenían conocimiento de la conducta antiética del abogado Watson y de su actuación como doble agente en este proceso, a la fecha no se sabe si fue el equipo de M&M el que copto a Watson para que traicionara a su cliente o si fue Watson quien se ofreció para tal deslealtad, sin embargo, lo que si queda claro es que; el influyente bufete de abogados no escatima el uso de métodos poco ortodoxos para el logro de sus objetivos, especialmente cuando se trata de grandes y poderosos clientes como el Consorcio ICA – FCC – MECO, empresas cuyos directivos confesaron sus delitos y llegaron a acuerdos de pena con las autoridades de Panamá por el pago de millonarios sobornos a las autoridades del gobierno de esa época para adjudicarse jugosos contratos en obras estatales.
Esta controversia judicial está estancada desde hace más de cuatro años en la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, luego de haberse interpuesto un recurso de casación. La Sala Primera de lo Civil está a cargo de los magistrados Mirian Chen (ponente del caso), Ángela Russo y Olmedo Arrocha. La magistrada Russo ha sido recusada en este caso.
