Por: Alfonso Fraguela
Llegó lo que se esperaba, se presentó en la Asamblea Nacional el Contrato-Ley Minero, con un cúmulo de supuestas bondades para el pueblo panameño, simulando “la navidad para todos”.
Este Contrato ha tenido una serie de particularidades, que han desencadenado críticas luego del anuncio de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en el fallo sobre el mismo. Lo que permitió un cumplimiento de hecho, pues al ser declarado inconstitucional tiene sus efectos jurídicos después de su declaratoria.
Es decir, que desde que fue aprobado, aunque fuera declarado inconstitucional, no tiene efectos retroactivos, según lo dispone el Artículo 2573 del Código Judicial.
Lo que para los efectos legales desde que fue declarado inconstitucional hasta ahora deja la relación inexistente, ya que el Contrato-Ley no es aplicable, por decisión del Pleno, nuestra máxima corporación de justicia, Artículo 2554 del Código Judicial.
¿Por qué se demoró la decisión en la Corte Suprema y por qué no se hizo pública? Esta situación causó una lesión al Estado Panameño, pues el tiempo transcurrido favoreció a la empresa, pues no se hizo un nuevo Contrato-Ley, enmarcado en los parámetros constitucionales, con el fin de regular la relación entre las partes contratantes.
En pocas palabras, Panamá siguió recibiendo ingresos inferiores a lo que podría recibir si se hubiera hecho una negociación rápida actualizada con el principio “ganar ganar” para los panameños.
En otras palabras, la empresa siguió recibiendo grandes utilidades de la relación contractual declarada inconstitucional.
Lo que nos lleva a confirmar que todas las instancias involucradas que tuvieron acceso al fallo del Órgano Judicial no prestaron la atención requerida, ocasionando un daño económico en detrimento del país. Luego de cumplido ciertos pasos como fue una consulta pública, y la aprobación del Consejo de Gabinete para la presentación del Contrato-Ley en la Asamblea Nacional.
Queda en manos del Primer Órgano del Estado aprobar o no el mismo, con la promesa que este nuevo contrato representará la solución a los problemas sociales, que requieren atención urgente.
