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Un cuarteto de empresas constructoras corruptas y el escandaloso amparo de una justicia a la carta

Al referirse al favoritismo para beneficiar a grupos económicos en Panamá, el ex ministro de economía y finanzas, Guillermo Chapman Fábrega se refirió a una “economía de amiguetes”. El término puede aplicarse también a la administración de justicia, donde abunda el trafico de influencias, la venta de fallos y la justicia a la carta.

El caso que develaremos a continuación; lleva ya,13 años en diferentes tribunales e instancias judiciales de Panamá hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia donde acumula más de 4.

En estos 4 años el proyecto de sentencia ha cambiado tanto de magistrado ponente como de redacción, ha sido paralizado por la nueva magistrada ponente, lo que ha provocado que se vuelva a iniciar todo el proceso con una magistrada ponente nueva, todo un manoseo, manipulación y parcialización de una cuestionada y cuestionable administración de justicia.

Los protagonistas y la trama

Los hechos involucran a las empresas: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. constructora española mejor conocida por sus siglas, FCC, la costarricense Constructora MECO y la mejicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA)

Estas tres empresas formaban parte con Odebrecht de un cuarteto de empresas involucradas, investigadas, acusadas y procesadas por métodos de corrupción económica y blanqueo de capitales en el conocido caso BLUE APPLE.

La empresa ICA, quebró y desapareció en Méjico, mientras MECO la empresa costarricense, propiedad de Carlos Cerdas Araya, fue condenada en Costa Rica y Cerdas Araya detenido por varios meses en 2021, acusado de malversar 125 millones de dólares entre los años 2018 y 2020, y por pagar dádivas a funcionarios para beneficiarse con la adjudicación de contratos.

Para salir de la cárcel; Carlos Cerdas debió pagar una fianza de 5 millones de dólares, pero el caso continúa su curso en los tribunales costarricenses, Cerdas también tiene casos en proceso en Panamá y Colombia.

Carlos Cerdas se ha visto enfrentado con la justicia por similares casos de corrupción, en Colombia le obligaron a ceder y abandonar las obras que estaba ejecutando en ese momento, en Costa Rica ocurrió lo mismo, pero en Panamá llegó a un acuerdo (inexplicable), con la justicia, pese a haber pagado 9,4 millones de dólares en dádivas ilegales, curiosamente en Panamá, le han seguido adjudicando obras sin ninguna explicación cabal.

La empresa española FCC ha sido una gran beneficiaria de la corruptela, lo que ha sido demostrado y confesado en tribunales de la justicia española y a requerimientos de la justicia panameña por sus directivos, Eugenio del Barrio y Julio Casla, que escaparon del país y declararon en España en un proceso que aún sigue su curso.

El 8 de junio de 2023, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española (UCO), tras intensas investigaciones concluyó que FCC pagó 178 millones de dólares a altos funcionarios del gobierno panameño entre los años 2010 y 2014, estos cargos fueron presentados en el Juzgado nº 2 Central de Madrid. FCC también ingresó dinero a través de abogados panameños en Andorra para esos efectos, estos procesos aún siguen su curso al día de hoy.

Los estafados

SONAMA S. A. y SONAMA PANAMA, S. A., son las empresas subcontratistas del grupo denominado

EL CONSORCIO, formado por las empresas ICA, FCC y MECO, que estaban ejecutando las obras de la ampliación del Canal de Panamá, para la ACP. En el año 2010 SONAMA, S.A. y SONAMA Panamá hicieron una inversión millonaria para realizar los trabajos de extracción y movimiento de tierra en el proyecto de ampliación del canal de Panamá, pero luego EL CONSORCIO incumplió el contrato, razón por la cual en el año 2013 las compañías SONAMA S.A y SONAMA PANAMÁ presentaron una demanda por las afectaciones económicas causadas por ICA; FCC Y MECO.

El Primer Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo de primera instancia en el que condenó al CONSORCIO: ICA, FCC Y MECO a pagar por los daños y perjuicios causados a SONAMA S.A y SONAMA PANAMÁ. Después de más de una década de iniciado el caso aún no ha sido resuelto y los afectados temen que el trafico de influencias y la corrupción tuerzan la acción de la justicia.

Una larga y tortuosa historia por contar

Todos estos hechos demuestran el carácter criminal de estas empresas, sin límite económico alguno para comprar las voluntades judiciales y doblegar los criterios que son de justicia. Todos los detalles de estos escandalosos hechos los vamos a desarrollar en próximas entregas, donde daremos a conocer su involucramiento y actuaciones en el Juzgado Séptimo de lo Civil y su juez en la primera instancia, Guillermo Ballesteros, quien ha sido investigado por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y abuso de autoridad por parte de la Fiscalía Tercera Anticorrupción.

También abordaremos lo acontecido en la segunda instancia del Primer Tribunal Superior de Justicia y la actuación de sus magistrados. En posteriores entregas revelaremos las actuaciones de una conocida firma de defensores de FCC y MECO, así como la actuación antiética de un abogado, defensor de la empresa Sonoma en la primera y segunda instancia. informaremos además sobre la situación actual de este entramado legal en la Corte Suprema de Justicia y la actuación a la fecha de algunos de sus magistrados.

Busque mañana: La justicia sin venda, la radiografía de un cuestionable juez

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