Por: Alfonso Fraguela Después de todo los antecedentes que desarrolló el Gobierno Nacional, para presentar la propuesta del Contrato-Ley Minero a la Asamblea Nacional, hemos visto reacción ciudadana frente a este tema.
La participación permanente sobre el proyecto Ley 1043, por el cual se aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera S.A. se hizo sentir con la intervención de más de 200 personas en representación de la empresa y sectores afines al proyecto, al igual que sectores opositores al mismo que luego de una discusión dieron paso a la metodología que se emplearía para su desarrollo.
La Comisión de Comercio se vio abarrotada por diputados y ciudadanos para expresar su sentir sobre el polémico documento, permitiéndoles para su intervención 30 minutos para los diputados y 20 para los representantes de la sociedad civil. Durante las posturas hubo de todo, incluso hasta una iniciativa de efectuar una consulta a los sectores de las provincias de Colón y de Coclé, para ser escuchados. Lo que nos parece propicio a medias, debido a que si o que se busca es definir algo tan importante y delicado como son los recursos minerales del pueblo panameño, lo lógico sería consultar al pueblo panameño.
Entendimos que, dentro de los actos previos a la presentación a la Asamblea Nacional, el Ejecutivo propicio una consulta en una plataforma digital para que la opinión fuera recogida, sin embargo, como se expresó en ese momento, no es vinculante. Criterio que reafirmaron los representantes del Gobierno, frente a la consulta propuesta por la Asamblea Nacional. Entonces nos preguntamos si a criterio de ellos la opinión del pueblo no es vinculante, ¿para qué se hace? Si el resultado es el mismo.
Este tipo de respuesta, no ayudan a mejorar los escenarios actuales, ni impactan positivamente en el torneo político de quienes quieren reelegirse.
Por el contrario, agudiza el descontento ciudadano a días de finalizar el periodo de gobierno, y en medio de una consulta electoral para elegir a los nuevos servidores públicos por elección popular. El mensaje para quienes tienen un incipiente conocimiento de la política y en la administración pública es que el pueblo decide, ya que toda actuación que impacte en el pueblo y que tenga que ver con los bienes públicos o estatales siempre serán vinculante, aunque un funcionario diga que no.
Hemos sostenido, en diversos momentos, la necesidad de elevar a nivel de un Ministerio de Recursos Minerales o de Minería, o la creación de una Autoridad como la ACP la que debe dirigir de forma independiente el tema minero, con personal idóneo y especializado en el tema.
Donde se pueda consultar con otros países que tiene mucho más desarrollados el esquema, y donde los resultados han sido exitosos. Panamá no puede seguir delegando la explotación de temas importantes, para que sea empresas extranjeras las que nos den un pago mensual, disminuyendo el valor real de los recursos minerales empleados para la explotación y su comercio.
Sin recursos minerales que explotar no hay negocio, así de simple. La visión de desarrollo debe venir, acompañada de acciones claras que permitan al final un mejor nivel de vida para los panameños.
