El abogado Venancio Serrano, Corredor de Aduanas y Ex Asesor Legal de la Unión Nacional de Corredores de Aduanas de Panamá (UNCAP) presenta una solicitud formal ante el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, con el propósito de que se suspendan las medidas que obligan a los importadores de atún y sardinas enlatadas, así como de aceite de soya, a obtener una licencia de comercialización de peces y pagar tasas adicionales por inspección de contenedores.
En la nota dirigida a la máxima autoridad de la entidad, Serrano solicita que se aclare el fundamento jurídico que sustenta la aplicación de este requisito a productos procesados y enlatados fuera de la jurisdicción panameña, procedentes de países como China, Malasia y Estados Unidos.
El jurista argumenta que la Ley 204 de 18 de marzo de 2021 y el Decreto Ejecutivo No. 13 de 1 de noviembre de 2023 establecen las competencias de la ARAP sobre los recursos acuáticos del territorio nacional, pero considera que dichas disposiciones no alcanzan a mercancías ya procesadas y envasadas en otros países.
Asimismo, advierte que la exigencia de estas licencias y los cobros asociados están generando retrasos en los puertos, costos adicionales por almacenaje y un aumento en el precio final de productos de consumo masivo, afectando directamente a los sectores más vulnerables de la población.
De igual forma, cuestionó la inclusión del aceite de soya dentro de los controles aplicados por la ARAP mediante el sistema informático SIGA de la Autoridad Nacional de Aduanas, al considerar que dicho producto no forma parte de los recursos marinos ni acuáticos sobre los cuales la institución tiene jurisdicción.
Serrano manifestó que estas medidas son incompatibles con las políticas gubernamentales orientadas a garantizar alimentos de calidad a precios accesibles para la población y sostuvo que las mismas afectan la dinámica del comercio local y la eficiencia de la administración pública.
Por ello, solicita la intervención inmediata del administrador general de la ARAP para que se revisen y se dejen sin efecto las disposiciones que, a su juicio, están provocando un incremento innecesario en los costos de productos esenciales para la alimentación de los panameños.
