El gremio empresarial insta al Gobierno a acelerar la reconstrucción de viviendas, apoyar a las mipymes y garantizar una ejecución de fondos sin irregularidades
Un llamado contundente a la acción, la transparencia y la coordinación interinstitucional realizó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) frente a la etapa de reconstrucción tras el reciente terremoto que impactó al país, afectando a miles de familias en provincias como Azuero, Coclé y Veraguas.
El gremio empresarial destacó que, según los balances preliminares oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), más de 11,300 viviendas han sido evaluadas, registrando cerca de 2,890 con daño total y más de 6,800 con afectaciones moderadas y parciales. Asimismo, datos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) contabilizan a más de 5,600 personas albergadas, entre ellas más de un millar de niños y adolescentes cuya educación y estabilidad emocional se encuentran en riesgo.
Frente a este escenario, APEDE valoró la solidaridad de la ciudadanía, el sector privado y los estamentos de seguridad durante la atención inicial de la emergencia, al tiempo que respaldó la creación de un fideicomiso estatal para canalizar las donaciones privadas. Sin embargo, la dirigencia del gremio enfatizó que la gestión de estos fondos debe realizarse bajo estricta rendición de cuentas, publicando montos, destinos y beneficiarios para evitar los errores y cuestionamientos vividos durante la pandemia del COVID-19.
En el plano económico, la organización solicitó una estrategia integral liderada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y AMPYME. Esta iniciativa busca otorgar alivio financiero, periodos de gracia y financiamiento ágil a los micro y pequeños empresarios afectados, además de priorizar la contratación de mano de obra y proveedores locales para dinamizar el empleo en las comunidades castigadas por el sismo.
Finalmente, APEDE instó a las autoridades a garantizar soluciones habitacionales dignas y definitivas —descartando el uso de contenedores como respuesta permanente— e integrar la prevención de riesgos en la infraestructura, considerando la variabilidad climática por el fenómeno de El Niño que afecta al país.
