Comunicado. El año 2020 deja entre nosotros un llamado a la reflexión con respecto a los grandes retos que tenemos como país, considerándose para tales desafíos, la oportunidad de iniciar cambios profundos en diversas áreas, estableciendo prioridades y ejecutando las acciones sin dilación.
El año que concluye nos deja con el gran aprendizaje de que la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” al que tenemos derecho todos quienes habitamos Panamá y que el primer anillo de seguridad para que este prevalezca somos nosotros a través de medidas de bioseguridad esenciales ante la pandemia del Covid-19 que aún no da tregua.
Este 2020 termina con la irreparable pérdida de cerca de 4,000 personas en nuestro país, que nos debe invitar a tomar conciencia ciudadana de cuidarnos los unos a los otros. Mientras que reconocemos la labor titánica que han llevado adelante todos los trabajadores de la salud.
La pandemia deja sobre la mesa de 2020, de cara a enfrentar 2021, la difícil pero obligatoria tarea de balancear los aspectos de salud y socioeconómicos para lo cual exigimos políticas públicas cónsonas a fin de lograr la sostenibilidad de la reapertura de las actividades que nos permitan una reactivación y recuperación del sustento de las familias panameñas.
Actualmente, 18.5% de los habitantes en edad laboral de la República de Panamá son parte de la población desocupada y más de la mitad (52.8%) se encuentra en la economía informal. Estos porcentajes aumentarán en 2021, en la medida que no logremos balancear las variables.
El duro golpe que han sufrido las actividades económicas durante meses de cierre obligatorio y restricciones de movilidad explica en gran parte la lenta reactivación de contratos de trabajo suspendidos y de la economía en general.
En la búsqueda de soluciones para encarar esta crisis inédita, tanto nuestro gremio como el sector privado en general y otros actores de la sociedad civil hemos colaborado de diferentes formas en distintos programas de apoyo gubernamentales en la donación de alimentos y la logística de hacer llegar estos al centro de acopio. Al igual que, ha respaldado poniendo a disposición habitaciones de hoteles y tiempo aire de los medios de comunicación para la educación. Así como, aportes en equipos de protección personal para el cuerpo médico y de salud; además, kits de pruebas de detección; entre otros.
En continuidad de estas gestiones, muchos de estos actores decidieron trabajar de la mano en enfocar prioridades y llevar soluciones a los sectores más afectados. Así nace #TodoPanamá, una iniciativa apolítica, cívica, empresarial y gremial que, de forma coordinada, desinteresada y solidaria, atiende pacientes Covid positivo y sus contactos a través del Programa de Atención Domiciliaria en diez corregimientos del distrito de Panamá, con el propósito de reducir la cantidad de casos que llegan a los hospitales. Mientras que, a través de la campaña #ElVirusloparasTú #ElVirusloparoYo promueve iniciativas de protección y prevención, que incluye una campaña de educación y comunicación.
Y es que en la medida que atendamos el aspecto sanitario y social, lograremos mantener las actividades cotidianas que contribuyen a la sostenibilidad de los empleos y a una recuperación económica en beneficio de todos.
Por esto, también hemos presentado iniciativas que puedan incorporarse a un plan gubernamental de reactivación dándole prioridad a los proyectos y actividades que puedan generar volumen de empleos a corto plazo y fomentar el surgimiento de nuevas empresas que formen nuevas plazas de trabajo a partir de tecnologías y oportunidades que surgen ante los cambios que la propia pandemia ha generado.
Al tiempo que, ponemos sobre la mesa la necesidad de solidaridad por parte de los trabajadores públicos. Los empleados del sector privado han atravesado por suspensiones de contrato y reducciones de jornada ante la realidad financiera de las empresas. Todavía seguimos esperando medidas similares de los colaboradores estatales, que apoyarían a aumentar los montos del Programa Panamá Solidario, por ejemplo.
Aunado a estos factores tan apremiantes, se encuentra atender la educación, como factor determinante del destino inmediato y futuro de nuestra sociedad. La situación educativa ya evidenciaba carencias previo a 2020. Durante la pandemia estas deficiencias se han agravado y ahondando desigualdades sobre las cuales se deben trabajar de manera transversal tanto en el sector oficial como en el particular.
En ese sentido, producto del “Diálogo Compromiso Nacional por la Educación”, donde participamos junto con diversos sectores de la sociedad, se alcanzaron acuerdos para la implementación de 37 Políticas Públicas de Estado y se creó por Ley el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (COPEME) como ente asesor del Ministerio de Educación para evaluar los avances. Ya existe una hoja de ruta, pero requiere de mayor convicción y sentido de urgencia para avanzar, ahora sumando con premura la mejora en capacidad instalada para facilitar el acceso y la conectividad digital a todos los estudiantes panameños, de manera que puedan adquirir las capacidades y competencias necesarias para afrontar el mundo actual.
Tan pronto como enero 2021, debe iniciar la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS). Este diálogo de carácter técnico y de gran impacto social tiene un retraso de diez años por la falta de compromiso de gobierno tras gobierno y no puede esperar ni un día más. El punto de partida son las cifras reales de la CSS que no pueden ser motivo de disputa ni desvío de atención y dilatación de decisiones frente a los claros problemas que hay.
Al tiempo que, durante el año que inicia urge atender el continuo deterioro institucional del país. Demandamos de las autoridades y entidades estatales trabajar orientadas al bien público, regidas por la transparencia al rendir oportunamente cuentas de sus actos. Por lo que, aspecto crítico de la situación institucional es la administración de justicia. Reiteramos la necesidad de reformas constitucionales para propiciar un cambio. La base de la vida en democracia es el imperio de la justicia, por cuanto careciendo de ésta, los ciudadanos están desprotegidos de sus garantías fundamentales. De allí que hayamos planteado trabajar por el rescate judicial mediante la revisión de las bases de nuestro Estado de Derecho.
Este año pasará a la historia como aquel en que la pandemia del COVID-19 golpeó al mundo entero en materia sanitaria y socioeconómica; al tiempo que, desnudó y profundizó las fragilidades que como nación arrastramos históricamente. En 2021 las palabras sobran y las acciones son imperantes. El año que entra nos demanda, a todos, sector público, privado, trabajadores y estudiantes, por mencionar algunos; en fin, la sociedad en su conjunto, terminar de capear la tempestad con decisiones contundentes y certeras que nos permitan reconstruir y modelar el país que queremos para la generación que hoy nace en una nueva realidad.
