La aprobación del Proyecto de Ley 415 por parte de la Asamblea Nacional encendió las alarmas entre los centros educativos particulares, que ahora solicitan al presidente José Raúl Mulino detener su entrada en vigencia y someter el texto a una revisión constitucional.
La Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares (APACEP) presentó al mandatario una solicitud formal de objeción por inexequibilidad, argumentando que la iniciativa impone nuevas obligaciones a los colegios privados sin establecer mecanismos adecuados para enfrentar sus costos.
El proyecto crea el Sistema Digital Universal de Créditos Académicos (SDUCA), una plataforma nacional destinada a modernizar y centralizar información relacionada con los registros académicos de los estudiantes.
Para APACEP, la modernización es necesaria y puede ser positiva, pero el problema radica en la forma en que se pretende implementar el nuevo sistema.
La asociación advierte que los colegios particulares tendrían que adaptar sus sistemas tecnológicos para garantizar la interoperabilidad con la plataforma estatal, además de registrar periódicamente la información académica de sus estudiantes.
Detrás de esa obligación, sostiene APACEP, existe una factura tecnológica que no aparece claramente contemplada en el proyecto.
Actualización de programas, bases de datos, sistemas de seguridad, interfaces, capacitación del personal, mantenimiento y soporte especializado son algunos de los gastos que podrían tener que asumir directamente los centros educativos.
El impacto, según la organización, no sería igual para todos. Los colegios grandes podrían contar con mayor capacidad para absorber esas inversiones, mientras que las instituciones pequeñas enfrentarían mayores dificultades.
APACEP considera que imponer las mismas exigencias tecnológicas a instituciones con capacidades económicas completamente diferentes puede convertirse en una carga desproporcionada.
La asociación cuestiona especialmente que el artículo 9 establezca que el desarrollo, mantenimiento y operación del sistema serán financiados con recursos asignados al Ministerio de Educación, mientras los colegios particulares tendrían que asumir sus propios costos de integración.
Para APACEP, esto equivale a trasladar al sector privado parte del costo de una política pública nacional.
La preocupación económica se suma a un segundo frente: la prohibición de retener documentos por razones administrativas o financieras.
La asociación sostiene que el artículo 47 de la Ley 285 de 2022 ya establece un mecanismo para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes, incluyendo alternativas como certificaciones provisionales y convenios de pago.
El Proyecto 415, sin embargo, ampliaría la prohibición a situaciones vinculadas con “motivos administrativos o financieros”, una redacción que APACEP considera demasiado amplia.
Según la organización, esto podría debilitar las herramientas utilizadas por los centros particulares para recuperar las cuentas pendientes y mantener el equilibrio económico de sus operaciones.
Otro elemento que genera preocupación es la obligación de registrar los convenios de pago entre los acudientes y los colegios dentro del SDUCA.
APACEP advierte que estos acuerdos pueden contener información sobre deudas, montos, plazos y condiciones financieras de las familias, por lo que considera que su incorporación a una plataforma estatal debe estar acompañada de controles mucho más específicos.
La asociación también cuestiona que el proyecto no determine con suficiente claridad cuánto durará el período de transición hacia el nuevo sistema.
La incertidumbre, según APACEP, podría complicar las decisiones de inversión de los colegios privados que ya han gastado recursos en plataformas digitales propias y ahora tendrían que realizar nuevas inversiones para integrarlas al sistema nacional.
La organización sostiene que la regulación no debe castigar precisamente a quienes ya realizaron esfuerzos para modernizar sus instituciones.
APACEP fundamenta su posición en la protección constitucional de la libertad económica, la libre empresa y el derecho de los particulares a fundar y mantener centros educativos.
Por ello, pidió al presidente Mulino que objete el Proyecto 415 por inexequible y lo remita a la Corte Suprema de Justicia para que determine si las disposiciones cuestionadas son compatibles con la Constitución.
También solicitó una audiencia con representantes del sector educativo particular para explicar con mayor detalle las consecuencias económicas, técnicas y jurídicas que, a su juicio, tendría la aplicación de la nueva legislación.
La disputa coloca ahora al Ejecutivo ante una decisión de peso: avanzar con una plataforma nacional destinada a modernizar los registros académicos o revisar el contenido del proyecto antes de su promulgación, en medio de las advertencias de los colegios privados sobre los costos y las consecuencias regulatorias.
