La comunidad que da vida al Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert se encuentra en un estado de alerta máxima. Mecánicos, despachadores, pilotos y empresarios del sector aeronáutico han alzado su voz para denunciar la “zozobra” administrativa que atraviesa la terminal de Albrook, una pieza clave en el engranaje de la conectividad nacional y el sistema de salud pública panameña.
Esta inquietud, que ha ido escalando en los últimos meses, nace tras las declaraciones de Henry Faarup, secretario del Ferrocarril Panamá-Frontera, quien ha sugerido desde el traslado de operaciones hacia Panamá Pacífico hasta una permanencia limitada de apenas cinco años.
Para los actores que operan diariamente en la terminal, esta cifra de cinco años carece de cualquier sustento técnico y representa un golpe directo a la economía del sector.
Según afirman los gremios aeroportuarios, el aeropuerto cuenta con la capacidad operativa necesaria para brindar servicio por lo menos durante 25 años más.
El conflicto trasciende lo económico y se adentra en el terreno de la seguridad social. La ubicación estratégica de Albrook, a escasos kilómetros de los principales centros hospitalarios del país como el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico Nacional, lo convierte en un punto crítico para la supervivencia de pacientes trasladados desde el interior. La comunidad advierte que los minutos adicionales que supondría un traslado hacia Panamá Pacífico podrían tener consecuencias fatales en casos de emergencias médicas extremas, donde la cercanía con la Caja de Seguro Social es una ventaja competitiva que ninguna otra terminal posee.
Además de su función humanitaria, Albrook se destaca como un nodo logístico natural y único en la región. Su integración con la Gran Terminal de Transporte de Albrook, el sistema ferroviario, los puertos y las carreteras principales permite una conectividad multimodal que facilita el movimiento de miles de panameños diariamente. Ante este panorama, y frente a lo que consideran una falta de visión integral por parte de las autoridades de transporte, la comunidad aeronáutica ha solicitado formalmente la intervención del Presidente de la República, José Raúl Mulino. La exigencia es directa: que el Ejecutivo oficialice la permanencia definitiva del aeropuerto en su ubicación actual para devolver la confianza a un sector que opera con orgullo desde 1999.
