Después de validar un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público, representado por la fiscal Elizabeth Carreón y las defensas técnicas particulares, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Tulia Morelos, procedió a emitir la sentencia n.° 2140 de 28 de octubre de 2022, mediante la cual se sancionó a 11 años de prisión como pena principal, a un ciudadano, como autor de los delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión ilegal de arma de fuego agravada y contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado.
Mientras que a otros dos ciudadanos se les sancionó con 88 y 80 meses de prisión como pena principal, como autores del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado.
Además, se les impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el período de 5 años, y prohibición de portar armas por un periodo de ocho años, una vez cumplida la pena principal.
En tanto, a otros tres ciudadanos vinculados con esta causa se les aplicó la medida cautelar personal de reporte periódico ante el Ministerio Público y prohibición de acercarse a la víctima. La juzgadora, luego de escuchar los argumentos de los intervinientes, estimó que la medida era proporcional al grado de vinculación.
Previamente, se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público.
En este acto de audiencia el Ministerio Público anunció recurso de apelación, que quedó agendado para el próximo 9 de noviembre, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones ubicado en Plaza Fortuna.
