Misterio y exigencia de justicia en Pedasí
Lo que comenzó como una devastadora pérdida para la comunidad de Pedasí, en la provincia de Los Santos, se ha transformado en un cruento entramado penal. Tras varios días de intensas manifestaciones vecinales que exigían respuestas claras por la muerte de un menor de 10 años, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a la abuela materna del niño.
El giro en las investigaciones ocurre en medio del clamor popular de una comunidad consternada, que exige que se determinen las responsabilidades en torno a la trágica muerte del pequeño.
La sombra del maltrato y la negligencia
El caso ha destapado graves antecedentes de presunto maltrato infantil dentro del entorno familiar. Según reportes preliminares, existen informes e investigaciones en las que otros menores de la misma casa habrían alertado sobre situaciones de violencia extrema, incluyendo denuncias de que los niños eran expuestos a dormir a la intemperie en un potrero.
Las autoridades mantienen bajo la lupa la posible responsabilidad penal de la madre de los menores frente a estos hechos previos de descuido y exposición a peligro.
Por su parte, el padre del menor cuenta con un extenso expediente judicial: mantiene 11 desacatos y una orden de aprehensión vigente por el incumplimiento sistemático en el pago de la pensión alimenticia.
Senniaf en la mira de la Fiscalía Anticorrupción
El alcance del caso escaló al ámbito institucional. Personal de la Fiscalía Anticorrupción ejecutó diligencias de inspección en la sede regional de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en Los Santos. Las autoridades recaban documentación crucial para determinar si funcionarios públicos tenían conocimiento previo del entorno de riesgo en que vivía el menor y si existió alguna omisión de deberes en su protección.
En las próximas horas, la abuela materna será llevada ante un juez de garantías. En la audiencia de control se legalizará la aprehensión, se formularán los cargos correspondientes y se definirá el grado de participación y responsabilidad en la muerte del niño, así como la posible imputación por delitos de maltrato o negligencia.
