Panamá es uno de los países de América Latina cuyos ciudadanos expresa un mayor nivel de desconfianza hacia las instituciones de gobierno, indica el Informe Nacional de Desarrollo 2019, preparado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El informe se basa en las mediciones realizadas por el Latinobarómetro 2018, que señala que los partidos políticos, el gobierno, el Órgano Judicial o el Tribunal Electoral muestran índices de desconfianza por debajo de la media latinoamericana.
Por otro lado, sostiene que hay que renovar las instituciones, pues la calidad del servicio que brindan en salud, educación, agua, transporte, electricidad, más hogares para adultos mayores, guarderías o el apoyo a los indígenas, a la mujer y a las minorías étnicas deja insatisfacción. Deben fortalecerse para crear una sociedad más justa e inclusiva.
Agrega el Informe que la desigualdad, el cambio climático y los desastres naturales obligan a mirar de forma integrada el desarrollo social, económico y ambiental.
En cuanto a la justicia, señala que el Órgano Judicial y el Ministerio Público deben seguir el proceso de cambio iniciado en los últimos años. Si bien se han aprobado leyes para modernizarla, lo cierto es que sus avances han dejado fuera algunos temas que no se abordan por falta de presupuesto, como es la Carrera Judicial, aprobada desde el 2015.
A la administración de justicia se le asigna el 1.3% del presupuesto anual del Estado, cuando la recomendación internacional es que oscile entre el 2% y el 6% para garantizar la independencia del sistema.
Un aspecto vital que recomienda el Informe es la urgencia de retomar la planificación por resultados enfocando la visión desde lo local hacia lo nacional, sin excluir la participación de la sociedad civil y lo académico.
Otros aspectos del Informe recomiendan impulsar un Programa de Alta Gerencia por Mérito para fortalecer la planilla de los funcionarios del Estado; la necesidad de reconocer e incorporar a las diversas culturas del país, ya que actualmente las políticas públicas no lo hacen. Por ello, apunta, las nuevas instituciones deben promover la igual de género.
