Tres denuncias penales por financiamiento inadecuado del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), uso ilegal de fondos institucionales para cubrir gastos del Gobierno Central y retención indebida de cuotas, presentó hoy la Caja de Seguro Social (CSS) ante el Ministerio Público.
Con estas, suman 350 querellas presentadas en contra de empresarios e instituciones públicas por la retención indebida de la cuota obrero patronal, que juntas suman en total unos 8.4 millones de dólares.
Por otra parte, la denuncia por financiamiento inadecuado del IVM sostiene que desde el año 2010 fueron utilizadas cuentas por cobrar y recursos asignados a otros programas institucionales para cubrir el déficit financiero de Invalidez, Vejez y Muerte.
Esta práctica, además de violar la Ley Orgánica de la CSS, compromete la estabilidad financiera del resto de los programas de la institución.
“La Caja de Seguro Social tiene cuatro programas independientes el uno del otro. La ley prohíbe, taxativamente, utilizar fondos de un programa para financiar el déficit de otros”, detalló el director ejecutivo nacional de Finanzas, César Herrera.
Mientras que en la denuncia por el uso ilegal de fondos institucionales para cubrir gastos del Gobierno Central, Herrera indicó que entre el 2023 y 2024 han identificado 400 millones de dólares en transacciones, en las cuales la CSS, sin ningún sustento, ni aprobación de la Junta Directiva o ley, transfirió fondos irregularmente.
Destacó que en el último trimestre de 2023, la CSS envió tres partidas de 100 millones de dólares, sin ningún soporte legal, ni autorización de la Junta Directiva.
Este hallazgo podría configurarse como un delito contra la administración pública.
Sobre los 290 casos de retención ilegal de cuotas, el director ejecutivo nacional de Legal de la CSS, Franklin Castrejón, precisó que 109 involucran a juntas comunales y municipios de pasadas administraciones.
Detalló que las juntas comunales y municipios le adeudan a la CSS unos 21 millones de dólares.
Hay una cantidad importante de trabajadores y extrabajadores que no se pueden jubilar, ni acceder a sus prestaciones médicas, porque les retuvieron indebidamente sus cuotas.
