Quien visita Isla Perico en el Causeway de Amador se impresiona al ver un sin número de negocios que van desde heladerías, cafeterías, restaurantes, juegos mecánicos, simuladores de realidad virtual, tiendas de souvenir, artesanías o de ropa, empresas de servicios marítimos y transporte de turismo entre otros, estos negocios están distribuidos en 7 edificios que constan de 45 locales comerciales y mas de una veintena de quioscos.
Todos estos locales y negocios pagan elevados arriendos a Las Brisas de Amador por lo que los ingresos de la citada sociedad son cuantiosos, sin embargo sus socios llevan más de una década evadiendo el pago de mas de 3 millones de dólares a las sociedades Vikingo Joint Venture y Vikingo Overseas Inc. que representan a empresarios daneses que luego de varios años de incumplimientos llevaron a los tribunales de justicia a los directivos de Las Brisas de Amador, hasta que se produjo un proceso de liquidación forzosa o declaración de quiebra, lo que obligaba a la citada sociedad a pagar los montos reclamados por sus acreedores. A la fecha y luego de mas de diez años de litigio el proceso continúa debido a los innumerables recursos que han presentado los directivos de Las Brisas de Amador mediante sus abogados para tratar de evadir el cumplimiento de las sentencias. La mencionada sociedad tampoco cumple con el contrato firmado con el Estado tal cual lo establecen las cláusulas que rigen el contrato.
Incumplimiento del contrato:
El 28 de abril de 2003la Gaceta Oficialpublicó el contrato de arrendamiento e inversión del proyecto Las Brisas de Amador, contrato firmado entre la sociedad que lleva el mismo nombre del proyecto y el Estado representado en su momento por la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI). La cláusula número 47 de ese documento estipula las causales o incumplimientos que darían por terminado el contrato y las enumera como sigue: 1- Incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas de este contrato, 2- La falsedad de la declaración de la arrendataria inversionista, 3- El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones precedentes que corren a cargo de la arrendataria – inversionista, y 4- La quiebra o el concurso de acreedores de la arrendataria – inversionista o por encontrase esta en estado de suspensión o cesación de pagos sin que se haya producido la declaratoria de quiebra o concurso de acreedores. (Ver Nota Adjunta)
La inexplicable Inacción de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos
Las Brisas de Amador ha incumplido sistemáticamente la mayor parte de las cláusulas del contrato de arrendamiento, lo que amerita que el ente estatal que actúa como contraparte en este caso la Unidad de Bienes Revertidos (UBR) debió darlo por terminado, sin embargo tal entidad no actúa en consecuencia y permite que se violen flagrantemente las disposiciones que rigen el contrato de arrendamiento e inversión. Llama la atención que el funcionario a cargo de la UBR no haya cumplido con su deber de salvaguardar los intereses del Estado, pese a que se encuentra al tanto de la situación y conoce de los incumplimientos del contrato por parte de Las Brisas de Amador. Tan es así que el 14 de julio de 2025, el secretario ejecutivo de la Unidad de Bienes Revertidos, Jorge Díaz Guerra envió una nota al bufete Fábrega Molino donde confirma que tenía conocimiento de la admisión del proceso concursal de liquidación forzosa (quiebra) promovido por las sociedades Vikingo Joint Venture Inc. y Vikingo Overseas Inc. contra Las Brisas de Amador (Ver Nota Adjunta). Sin embargo el citado funcionario no ha procedido a la aplicación de la cláusula de incumplimiento que estipula claramente que ante el no cumplimiento del contrato por parte de la Arrendataria – Inversionista o sea la sociedad Las Brisas de Amador, el Estado debe dar por terminado el contrato.
Las omisiones de la Unidad de Bienes Revertidos y la inacción de su secretario ejecutivo, Jorge Díaz Guerra, generan dudas sobre la capacidad de este funcionario al frente de una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas dado que al permitir que se incumpla y viole un contrato con el Estado, permite además que millones de dólares dejen de ingresar al fisco, generando pérdidas al tesoro nacional. La inexplicable y contradictoria inacción de Díaz Guerra y la UBR no parecieran compaginarse con la narrativa del ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman quien insiste en la necesidad de aumentar los ingresos para poder balancear el presupuesto, también deja en entredicho las directrices del presidente José Raúl Mulino de que en su gobierno no hay espacio para demoras y burocracia.
