A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo solicitó “al gobierno nacional que restablezca, de manera inmediata, las garantías fundamentales que De Facto, hoy, no puede gozar la población, tales como: a la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada; así como el derecho a la protesta pacífica, en cumplimiento de los mecanismos de protección que la Constitución Política de la República de Panamá, los convenios internacionales y las leyes le faculten”.
La Defensoría agregó que reconoced “la explosión social que estamos experimentando refleja preocupaciones y desafíos significativos en la sociedad.
La manifestación es un derecho legítimo e individual, la cual debe ser realizada a conciencia, pacíficamente y con responsabilidad, sin menoscabar los derechos de terceras personas; así como, el respeto a la propiedad pública y privada. Esta institución rechaza todo acto de violencia, amenaza, vandalismo, mensajes de odio que deslegitime la esencia de la protesta pacífica”.
De igual forma, aboga que se ejecute un acercamiento con todos los sectores de la sociedad, que lleve a soluciones pacíficas y sostenibles, que devuelvan de manera urgente el orden público y la paz social; respetando el Estado de Derecho que tiene que prevalecer en la democracia.
