InicioNacionalDefensoría niega irregularidades con agua y energía eléctrica en su sede

Defensoría niega irregularidades con agua y energía eléctrica en su sede

La Defensoría del Pueblo rechazó cualquier interpretación que le atribuya una conducta irregular o la apropiación ilegal de los servicios públicos en el inmueble donde funciona su sede principal, ubicado en el Edificio Los Toneles, en la ciudad de Panamá.

La institución explicó que ocupa dichas oficinas desde enero de 2022, por lo que lleva poco más de cuatro años funcionando en ese inmueble.

La Defensoría precisó que la controversia judicial relacionada con el edificio corresponde a diferencias entre la administración del inmueble y la Promotora El Tecal, S.A., y no a un proceso contra la institución, que mantiene la condición de arrendataria.

Según la entidad, cualquier diferencia relacionada con ese conflicto debe ser esclarecida por las instancias correspondientes y dentro del proceso legal respectivo.

La Defensoría también señaló que el contrato de arrendamiento suscrito con su arrendador establece expresamente las obligaciones que corresponden a la Promotora El Tecal, S.A.

En particular, citó la cláusula sexta, numeral 2, del contrato, que establece que el arrendador se compromete a mantener al día el pago de los impuestos del inmueble arrendado y los gastos correspondientes al servicio de agua.

La institución indicó que esta disposición forma parte del acto público N.º 2026-0-49-01-08-PE-000009.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, la Defensoría sostuvo que cuenta con los respectivos contratos de suministro y que estos servicios son pagados mensualmente.

La entidad manifestó además su respeto hacia las inquietudes expresadas por los residentes y la Junta Directiva del PH Los Toneles.

Al mismo tiempo, expresó su disposición a escuchar a los residentes dentro de las competencias que establece la ley.

La Defensoría reiteró que, en su condición de arrendataria del inmueble, no le corresponde asumir obligaciones que contractualmente recaen sobre el arrendador.

La institución insistió en que no existe fundamento para atribuirle una conducta irregular o la apropiación ilegal de servicios públicos y señaló que mantiene sus compromisos relacionados con los servicios que tiene contratados.

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