Una nota enviada a Jorge Antonio Díaz Guerra, Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) plantea la situación que beneficia particulares en detrimento del Estado y las finanzas públicas. El escrito remitido por el empresario danés Neils Sundaelrepresentante legal de las sociedades Vikingo Joint Venture, Inc. y Vikingo Overseas, Inc. solicita formalmente la cancelación de la concesión otorgada a Las Brisas de Amador, S.A. mediante el contrato N° 481-02.
El empresario manifiesta y sustenta en su escrito las razones por las cuales la UBR debió proceder con la cancelación de la mencionada concesión, toda vez que existen claras causales de incumplimiento, tal como lo establece la cláusula número 47 del contrato cuyo contenido expresa: “La quiebra o el concurso de acreedores de la arrendataria-inversionista, o por encontrarse ésta en estado de suspensión o cesación de pagos, sin que se haya producido la declaratoria de quiebra o concurso de acreedores”.
Cronología del contrato – concesión
La nota enviada por el empresario danés al Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas contiene una secuencia de acciones que ofrecen un claro contexto de la situación desde el momento del otorgamiento de la concesión al presente, dejando en evidencia la inacción de la UABR ante un hecho que va contra los intereses del Estado.
El escrito plantea que el Estado, a través de la Autoridad de la Región Interoceánica (“ARI”), celebró el contrato N° 481-02 con la sociedad Las Brisas de Amador, S.A. (“LBA”). Y señala que actualmente, la UABR es la entidad encargada de la administración del contrato y del cobro de los cánones y demás prestaciones derivadas de éste. Señala también que mediante el contrato la ARI otorgó a Las Brisas de Amador en arrendamiento para el desarrollo, la parcela 21 y la parcela “área de restaurantes” de la finca No 158,012, ubicada en la Isla Perico.
Enfatiza la nota que con motivo de las actividades que ejecutó LBA como arrendatario de la ARI, incurrió en deudas con las empresas representadas por las sociedades Vikingo Joint Venture, Inc. y Vikingo Overseas, Inc. Que dicha deuda fue reconocida en un arbitraje a través del Laudo Arbitral fechado en Panamá, el día 8 de mayo de 2014, y que su monto fue determinado judicialmente en tres millones, doscientos cuarenta mil, cuatrocientos ochenta y seis dólares con once centésimos (B/. 3,240,486.11).
Reitera Sundael que debido al impago de la deuda y a petición de las empresas que él representa, se mantiene en contra de LBA un proceso judicial de concurso de acreedores por liquidación judicial que se está tramitando ante el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y que dentro del citado proceso ya fue declarado el formal estado de liquidación judicial de LBA, mediante la resolución judicial identificada como Auto N° 2254/68168-24, de 14 de agosto de 2025.
El empresario danés indica que la cláusula 47 del Contrato establece las causales de su resolución administrativa y conforme a lo que estipula esta cláusula, el solo inicio del citado proceso judicial configuró la causal de terminación del contrato, sin que fuera necesaria siquiera la declaratoria formal. Por tanto advierte que con mayor razón, habiéndose ya declarado el formal estado de liquidación judicial de LBA, su situación jurídica le impide mantener el citado contrato de concesión.
La nota concluye con una solicitud al Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) para que actúe conforme a la ley y proceda a cancelar la concesión otorgada a LBA, mediante la resolución administrativa del contrato N° 481-02. A manera de sustentación de su solicitud Neils Sundael adjunta una copia del contrato y otra de la declaración de liquidación. El empresario expresó que espera que el MEF actúe en consecuencia para preservar los intereses del Estado panameño y procedan a cancelar la concesión otorgada a las Brisas de Amador ante las inobjetables evidencias presentadas. Concluyó diciendo que si no lo hicieran estarían incumpliendo con sus deberes como funcionarios.
