La magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, emitió un comunicado oficial este 20 de abril de 2026 para informar al país sobre los avances significativos en las 472 demandas contencioso-administrativas de indemnización interpuestas contra el Estado panameño por el consumo de dietilenglicol.
Según el reporte, al mes de marzo de 2026, 387 procesos (un 82% del total) han alcanzado la etapa de fondo, lo que significa que han superado las fases procesales necesarias para que se dicte una sentencia definitiva. El resto de los expedientes se distribuye en trámites de apelación (65), práctica de pruebas (7), fase de alegatos (5) y otros trámites menores (8).
La magistrada destacó que ya existen las primeras sentencias de fondo correspondientes a tres reclamaciones presentadas por la firma forense Orobio & Orobio. Los expedientes, identificados con las entradas 777-18, 161-18 y 81-18, representan a los ciudadanos Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline del Carmen Reyes Anderson y Cindy del Carmen Guillén Casiano. Estas demandas exigen que la Caja de Seguro Social (CSS) pague una suma de seis millones de balboas (B/.6,000,000.00) por daños y perjuicios materiales y morales.
La nota detalla que estos procesos ya han cumplido con el rigor de la Ley No. 33 de 1946, incluyendo los informes explicativos de la CSS, el traslado al Procurador de la Administración y la fase probatoria. Actualmente, un número importante de proyectos de sentencia circula para lectura de los demás magistrados que integran la Sala Tercera.
Con esta rendición de cuentas, el Órgano Judicial reafirma su compromiso de tutelar de manera efectiva los derechos de las víctimas de la intoxicación masiva, asegurando que cada expediente es analizado cuidadosamente para brindar una respuesta veraz y real a una de las crisis sanitarias más graves en la historia del país.
