Por: Alfonso Fraguela
El tema Minero en Panamá, parece que tiene mayor interés para la actual administración que la reforma a la constitución, dejada en el congelador luego que fuera retirada de la Asamblea Nacional durante los primeros días de gobierno.
Hablar sobre todo lo que enfrentó el Contrato-Ley Minero, que le deja abierta la concesión de explotación a una empresa extranjera, ya lo hemos abordado en forma responsable durante varias semanas y le hemos dedicado varios artículos de opinión haciendo docencia, de tal manera que hablar nuevamente exponiendo los antecedentes, sería llover sobre mojado.
Lo nuevo sobre este tema, fue que la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, le recomendó retirar al Ejecutivo el Contrato-Ley de concesión minera, señalando algunas observaciones que fueron recogidas en las intervenciones que se dieron en la Comisión.
Producto de ello, y de forma expedita, el Consejo de Gabinete procedió conjuntamente con la contraparte a mejorar las cláusulas del Contrato, buscando que de esta manera superar los tropiezos que enfrentaron en el Primer Órgano del Estado.
Lo interesante es la rapidez con que se efectuaron las adecuaciones sin mayores problemas por las partes, lo que nos reafirma que siempre se puede mejorar un documento para beneficio del pueblo panameño. Lo que queda demostrado es que el documento presentado inicialmente ante la Asamblea Nacional pudo consensuarse, con estas modificaciones que generaron cierto grado de rechazo de la sociedad, pero no se hizo en ese momento.
Esta acción pronta de negociación no revela algunos temas que son blindados y guardados como un Secreto de Estado. Hablo de que, si la empresa ha seguido explotando las Minas, qué han sacado, y cómo se ha pagado y cuánto al Estado Panameño, desde la Declaratoria de Inconstitucionalidad del Contrato-Ley Minero Original por la Corte Suprema de Justicia hasta el día de hoy.
Estas preguntas deben ser respondidas, para que el pueblo panameño se encuentre informado sobre esas finanzas, ya que es un derecho del pueblo conocer los ingresos y egresos del Estado y el manejo que le dan los gobiernos a los bienes públicos.
No quiero pensar, que la agilidad demostrada en este documento modificado, lo que busca es saltarse un referéndum consultivo sobre el tema Minero, lo que convertiría al Contrato-Ley Minero en un contrato inconsulto y celebrado de espalda al pueblo panameño.
Cualquier acto que se desarrolle o se apruebe de espalda a la sociedad panameña, marcaría el fin político de quienes aprobaron un contrato que genera derechos y obligaciones para las partes, pero donde los ciudadanos no fueron consultados.
