La Red Centroamericana y del Caribe para la Reducción de Riesgos y Daños Sanitarios (REDACCA) celebra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, del 30 de abril de 2024, que declara inconstitucional la prohibición de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado impuesta por la Ley 315 de 2022. Esta sentencia es un hito en la promoción de alternativas de reducción de daños para fumadores, respaldada por evidencia científica que muestra que estos dispositivos pueden reducir significativamente los riesgos del tabaco combustible y ayudar en la lucha contra el tabaquismo.
La resolución judicial es importante para los derechos humanos y las libertades individuales, adaptando la jurisprudencia a la evidencia científica reconocida globalmente. Establece un marco legal que permite a los consumidores optar por alternativas con menor riesgo que el tabaco tradicional, lo que se alinea con tendencias globales en salud pública y subraya la necesidad de una legislación que permita decisiones informadas sobre el bienestar individual.
La sentencia podría impulsar a Panamá a adoptar un enfoque más centrado en la persona y basado en la evidencia en la regulación de productos relacionados con el tabaco, equilibrando la protección de la salud colectiva y la autonomía personal. Los productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y vaporizadores ofrecen alternativas para quienes no han dejado de fumar, están en transición hacia la abstinencia del tabaco o no desean dejar la nicotina, reduciendo significativamente la producción de sustancias nocivas comparadas con el humo del cigarrillo tradicional.
REDACCA subraya la importancia de continuar investigando y monitoreando estos productos para asegurar su eficacia y seguridad. Además, insta a las autoridades sanitarias a implementar regulaciones basadas en evidencia, proporcionando información clara a los consumidores y previniendo el uso entre no fumadores y menores.
Además, REDACCA se compromete a colaborar con el Gobierno de Panamá, la comunidad científica y la sociedad civil para facilitar el acceso a alternativas más seguras y efectivas para el consumo de nicotina, enmarcadas en políticas de salud pública que prioricen el bienestar de la población.
