POR: JORGE I. GONZÁLEZ
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Abogado. Con estudios en Maestría en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho Internacional
El presente artículo tiene como telón de fondo el arribo a Panamá del secretario de defensa de Estados Unidos, y las luchas sociales del pueblo panameño por la seguridad social, contra la minería a cielo abierto y la defensa de la soberanía.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una felonía es un acto de deslealtad, traición o perfidia. Consideramos que la felonía es el término que precisamente cabe a las acciones del gobierno de José Mulino, por sus medidas incongruentes con nuestra Constitución Política, en materia de los derechos políticos, la soberanía y la integridad de varios principios doctrinales.
La posición cada día más amanuense, colaboracionista, quintacolumnista, del presidente José Mulino respecto a las declaraciones irrespetuosas y amenazas de invasión, por parte de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, contra la República de Panamá, constituye una traición a la patria desde el Palacio de Las Garzas, un accionar completamente desleal hacia nuestra Constitución Política y leyes nacionales.
Dichas acciones genuflexas, que buscan entregar nuestra soberanía, configuran al presidente José Mulino en un prospecto de imputado por posible atentado contra la personalidad internacional del Estado Panameño. Este delito, contemplado en la legislación penal del foro patrio, se da cuando se impone el sometimiento del Estado Panameño a los intereses de otro.
En ese sentido, a nivel de nuestra Constitución Política, el artículo 4 establece que nuestro país acata las normas de derecho internacional. Esto implica el reconocimiento de la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, que reconocen el derecho a la autodeterminación de las naciones y el respeto a su soberanía. El artículo 13 de nuestra Constitución Política convierte al presidente Mulino en un potencial candidato a la pérdida de la ciudadanía, por renuncia expresa a la nacionalidad, la cual se produce cuando, citamos textualmente, “se entra al servicio de un estado enemigo.”
En esa línea, el artículo 191 del precitado texto constitucional, señala: “El Presidente y el Vicepresidente de la República solo son responsables en los siguientes casos: …3. Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.” El artículo 191 constitucional finaliza señalando que, en estos casos (contra la personalidad internacional del Estado): “Se aplicará el derecho común.”
El artículo 425 del Código Penal de la República de Panamá, establece: “Quien ejecute un acto para someter la República, en todo o en parte, a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad será sancionado con prisión de quince a veinte años de prisión. Cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público o a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos, la pena será de veinte a treinta años.” Queda claro, pues, que las acciones del actual gobierno de José Mulino cediendo a las presiones de Estados Unidos, a espaldas del pueblo, laceran y reducen nuestra independencia, de forma infiel a nuestra Constitución Política y la ley patria.
Por otro lado, el proceder de la Policía Nacional contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta a raíz de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social, devino en autoritario, desmesuradamente represor, habiéndose llegado al punto en que, sin desparpajo alguno, la jefatura policial ha osado advertir a ciudadanos(as) manifestantes con la judicialización, a priori, incursionando en linderos de la administración de justicia, cuyos magistrados y jueces han de ser en todo momento independiente, según el artículo 210 de nuestra Constitución Política. La inasistencia de autoridades civiles que optan por no asumir responsabilidad en las manifestaciones, sin explayar la mediación como principio previo a la fuerza, convierte peligrosamente a la Policía Nacional en un ente deliberante, que asume características similares a las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, lo cual finalmente desembocó en el golpe de Estado militar de 1968.
El artículo 103 de la Constitución Política establece el principio de la autonomía universitaria: “La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo.” Teniendo esto por marco, los videos de propaganda de la Policía Nacional, ufanándose de la represión y refiriéndose con calificativos respecto a autoridades de la Universidad de Panamá, cuyo campus central ha sido objeto de reiterados cercos, además del ingreso de patrullas y unidades a sus predios, requisas a vehículos de funcionarios, docentes y estudiantes durante protestas, aunado al nuevo uso de drones que sobrevuelan a baja altura el campus con fines de espionaje, y como colorario, el envío de una nota del jefe de la Policía Nacional, al rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores, exigiendo la colocación de controles de ingreso al campus, lo cual fue deplorado por el mismo en su calidad de máxima autoridad académica; constituye todo en su conjunto una larga lista de hechos que vulneran el principio de la autonomía, transgreden la normativa constitucional en lo atinente, y transforman a la Policía Nacional en fuerza protagonista, deliberante, que asume reflexiones y actuaciones políticas ideológicas, lo cual es prohibido por nuestra Constitución Política, que en su artículo 311 establece: ¨los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones políticas en forma individual o colectiva.”
Finalmente, la deriva autoritaria que lleva al fascismo, es la respuesta de las elites a la crisis de legitimidad o al insuficiente apoyo moral político a ojos de las mayorías, y su modelo neoliberal y junto a su gobernanza, enfrenta crecientes problemas en proyectar su corrupción y explotación como “naturales”, ante el avance de la conciencia de los derechos y la organización.
El estudio y uso de los instrumentos legales y constitucionales vigentes son armas efectivas, para la sustentación de nuestro derecho doctrinario y material a la soberanía nacional, contra la injerencia del norte y la traición de los vende patria, y de cara a la lucha por el respeto de nuestros derechos sociales y políticos como pueblo, ante el fascismo de los grupos de poder interno.
