InicioNacionalGobierno inicia conversaciones con Minera Panamá bajo cinco condiciones

Gobierno inicia conversaciones con Minera Panamá bajo cinco condiciones

El presidente José Raúl Mulino designó un equipo liderado por el ministro Julio Moltó para explorar un acuerdo que no será una concesión y exigirá el fin de los arbitrajes.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este lunes 16 de noviembre el inicio de conversaciones formales con la empresa Minera Panamá con el objetivo de explorar un eventual acuerdo que genere mayores beneficios para el país.

Para llevar adelante este diálogo, el mandatario instruyó a un equipo interministerial encabezado por el ministro Julio Moltó. Durante el anuncio, el Ejecutivo dejó claro que el proceso se desarrollará bajo una estricta hoja de ruta y advirtió que cualquier entendimiento resultante no adoptará la figura de una concesión minera, por lo que, de concretarse, se definirá el marco jurídico correspondiente en estricto apego a la Constitución y las leyes nacionales.

Los cinco pilares del diálogo

Para sentarse en la mesa de negociaciones, el Gobierno estableció cinco principios irrenunciables que regirán las conversaciones:

  • Propiedad de los recursos: Los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad al Estado panameño.
  • Beneficio económico: El país deberá recibir el máximo retorno económico, con un impacto tangible en todo el territorio nacional.
  • Soberanía: Ninguna empresa tendrá capacidad de decisión sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo de Panamá.
  • Protección ambiental: Se aplicarán los más altos estándares ecológicos, respaldados por controles estrictos, fiscalización independiente y acceso público a la información.
  • Respeto a la ley: Todo acuerdo estará supeditado al cumplimiento pleno de la Constitución y el ordenamiento jurídico panameño.

Empleo, fin de arbitrajes y cierre definitivo

Según lo detallado por Presidencia, en las mesas de trabajo se evaluará una posible reactivación de la actividad minera, la cual quedará condicionada a la obtención de beneficios reales para el Estado, la creación de miles de plazas de empleo destinadas exclusivamente a mano de obra panameña y la terminación definitiva de todos los procesos de arbitraje internacional interpuestos contra el país. Adicionalmente, se exigirá un registro abierto y fiscalizado de los materiales extraídos, así como el uso responsable de los recursos hídricos.

Un punto medular de la postura gubernamental es que el acuerdo deberá contemplar obligatoriamente un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina, costeado íntegramente por la empresa. Este plan incluirá medidas de reforestación y prevención de daños ambientales, y el Ejecutivo enfatizó que dicho cierre no será negociable ni admitirá prórrogas.

Finalmente, Mulino recalcó que este paso representa únicamente la apertura de una etapa exploratoria. Aseguró que el proceso garantizará la transparencia y fomentará la participación ciudadana —con especial énfasis en las comunidades aledañas al proyecto—, cumpliendo con los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

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