La trama judicial que rodea la intempestiva demolición del emblemático Mirador Chino sumó un nuevo revés legal para la administración municipal. En una reciente audiencia, un juez de garantías ordenó la aplicación de una medida conservatoria para congelar de forma inmediata cualquier trabajo, modificación o intervención en el terreno donde se erigía la estructura, con el fin de evitar la alteración de evidencias clave para el Ministerio Público.
La acción fue impulsada de manera conjunta por representantes de la comunidad china en Panamá y apoderados legales de la Caja de Ahorros. Los querellantes fundamentaron ante la judicatura que la entidad bancaria estatal ostenta la titularidad de la finca desde 1993, por lo que las maniobras ejecutadas en el sitio por parte de la Alcaldía de Arraiján carecerían de sustento legal y vulneran los derechos de propiedad.
ALCALDESA EN LA MIRA DE LA JUSTICIA
El fallo judicial busca blindar el área ante el riesgo inminente de que se destruyan elementos materiales probatorios necesarios para esclarecer las responsabilidades penales. La medida cautelar sobre el predio mantendrá el perímetro bajo reserva de los peritos ministeriales mientras avanzan las sumarias sobre el derribo.
Por este caso, la alcaldesa de Arraiján, Stefani Peñalba, se mantiene bajo la lupa del Ministerio Público, procesada por la presunta comisión del delito de extralimitación de funciones e infracción de los deberes de servidor público. Con esta decisión del juez de garantías, la fiscalía asegura el control sobre el escenario de los hechos para determinar el alcance del daño y las eventuales consecuencias penales.
