Por: Gilberto Marulanda
La invisibilización de los horrores de la invasión estadounidense a Panamá el 20 de diciembre de 1989 inició desde el primer momento de la intervención armada. Fue un acto asumido tanto por el Gobierno de Estados Unidos como por sus aliados internos, quienes pasivamente permitieron la sustracción de más de 20 mil cajas con millones de documentos de oficinas públicas panameñas: cuarteles, ministerios, hospitales, etc., además de la destrucción sin registro aparente de cadáveres de civiles y militares en distintos puntos del país.
Esa es la razón por la cual ni siquiera se conoce el número real de muertos, desaparecidos y heridos de la invasión. No existen cifras oficiales y los datos existentes son contradictorios y dispersos.
El ejército de los Estados Unidos dio a conocer la cifra de 517 muertos (202 civiles y 314 militares); mientras la Iglesia Católica estimó las víctimas fatales en 665 (341 civiles y 314 militares) y 2,007 heridos (1973 civiles y 124 militares). El Instituto de Medicina Legal contabilizó 225 fallecidos y 93 desaparecidos (de estos últimos 54 civiles y 39 militares). El Comité Panameño de Derechos Humanos estimó en 556 muertes y 93 desaparecidos. En tanto, la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de Diciembre acepta la cifra de 4 000 muertos entre militares y civiles. La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica calculó entre 3 000 y 4 000 las víctimas fatales y la Comisión de Investigación Independiente de Estados Unidos, dirigida por el exsenador Rancel Clak, calculó entre 1 000 y 4 000 muertos y un aproximado de 20 mil heridos.
A casi 34 años de este suceso de la historia reciente panameña y latinoamericana, ningún gobierno ha emprendido con seriedad la búsqueda de la verdad. Contrario a esto, han impulsado políticas oficiales de olvido, mediante el no reconocimiento de las víctimas y, por lo tanto, la ausencia de políticas de recuerdo, resarcimiento y atención a los afectados por el bombardeo y la violencia de la ocupación militar. Al contrario, el ocultamiento oficial no se limitó al número de sus muertos, desaparecidos y heridos, sino que ha ido más allá, mediante acciones de encubrimiento y omisiones sobre los lisiados y casos extremos de traumas producto de la guerra. Se suma a lo anterior, la casi nula atención a los más de 20 mil damnificados, principalmente los del barrio El Chorrillo.
Frente a memorias de dolor, trauma y ocultamiento de la verdad, sinónimo de la historia reciente de diversos países de la región, Elizabeth Jelín afirma que:
La memoria-olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a experiencias traumáticas colectivas de represión y aniquilación, cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo. Son estas memorias y olvidos los que cobran una significación especial en términos de los dilemas de la pertenencia a la comunidad política. Las exclusiones, los silencios y las inclusiones a las que se refieren hacen a la reconstrucción de comunidades que fueron fuertemente fracturadas y fragmentadas en las dictaduras y los terrorismos de estado de la región.
Las palabras de Jelín nos han llevado a profundizar en nuestros estudios históricos y exponer la existencia de distintas memorias colectivas originadas de la invasión a Panamá de 1989. Memorias que han surgido y combaten por ser hegemónicas dentro de la sociedad panameña. Así tenemos la memoria de la liberación o salvación; la memoria del olvido; la memoria de reivindicación de las víctimas y los derechos humanos y la memoria de añoranza del régimen militar.
Estas memorias, en algunos casos sin un corpus teórico que las sustente, son portadoras de potentes representaciones sociales como el escudo de las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá y la imagen del General Noriega. También hay que mencionar la añoranza de mantener un mayor control de la delincuencia por parte de los militares panameños.
La memoria del olvido se evidencia en la ausencia del reconocimiento oficial de las víctimas y, sobre todo, en la ausencia de conmemoraciones. Una cancha de futbol y un parque infantil fue plantado en los terrenos que ocupaba el cuartel central de las Fuerzas de Defensas de Panamá, sitio donde perdieron la vida cientos o miles de compatriotas ese 20 de diciembre de 1989, en El Chorrillo.
Conocer esta memoria, sus batallas y representaciones son de vital importancia para comprender los procesos de dominación y resistencia desarrollados en nuestro Panamá pos invasión, ello nos permitirá establecer las políticas públicas que permitan hacer justicia mediante acciones como incorporar estos conocimientos en la curricula escolar y universitaria, y así fortalecer nuestra identidad y el respeto a los Derechos Humanos.
Es importante destacar que en marzo de 2022 se apruebó la Ley 291, «Que adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989». Esta ley es trascendental, toda vez que luego de 33 años se declara el día 20 de diciembre de cada año como un día de duelo nacional, ello con motivo de la conmemoración de todas las víctimas del 20 de diciembre. Este proyecto legisla a favor de que centros educativos (escuelas y universidades), así como gobiernos locales, se esfuercen en desarrollar actividades, investigaciones como mecanismo de profundizar en un evento que aún tiene hechos oscurecidos por el silencio o el encubrimiento.
La ley aporta indicaciones para que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) incluyese, en el instrumento del censo, una consulta que dé luces sobre conocimiento de los encuestados en torno a familiares o personas conocidas fallecidas el 20 de diciembre de 1989.
El autor es historiador
