El Ministerio Público admitió denuncia penal e investigará la presunta comisión de los delitos contra el orden económico y el tesoro nacional en la modalidad de contrabando, defraudación aduanera y fiscal, por parte de siete importadores de aceros y de productos derivados.
La denuncia que fue interpuesta por Grupo Metales ante Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria del Ministerio Público, de acuerdo con Moisés Bartlett, apoderado legal y vocero de la empresa demandante, fue remitida a la Fiscalía Anticorrupción, instancia que deberá asignar al fiscal a cargo de las pesquisas.
En la demanda presentada en noviembre pasado, Grupo Metales solicita al Ministerio Público convocar al Departamento de Auditoría Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el objetivo de establecer la afectación patrimonial mediante alcance de auditoría.
En la acción penal Grupo Metales argumenta que conforme al portal web de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) -nodo de Transparencia, herramienta de información permanente y de acceso público-, los valores declarados por los siete importadores denunciados estuvieron por debajo de los precios del mercado.
En ese sentido, se detalla que entre enero de 2017 a diciembre de 2019 se ha dejado de pagar en impuestos 1.7 millones de dólares, mientras que entre abril de 2020 y septiembre de 2021 el Estado ha dejado de percibir 705,052 dólares, lo que hace un total de 2.4 millones de dólares.
Además de esta acción penal, Grupo Metalesha interpuesto tres denuncias ante la Autoridad Nacional de Aduanas y no hay ningún pronunciamiento oficial.
Bartlett reafirma que, al configurar delito contra la economía nacional, causan afectaciones a los actores del mercado y la economía en general, Grupo Metales, al igual que todas las empresas que intervienen en estas actividades industriales y comerciales, deben ser consideradas como víctimas.
Añadió que los elementos demostrativos e indiciarios aportados con la denuncia penal, parecen suficientes para acreditar la presencia de un delito en contra del Estado y que la esfera penal pondrá el orden que la vía administrativa a través de la ANA no ha hecho en los últimos cinco años.
