Por: Alfonso Fraguela
La semana que transcurre no gira en torno al Contrato-Ley Minero, ni tampoco por la Construcción de las nuevas oficinas de la Contraloría General de la Nación por un costo elevado que es duplicado en atención al costo inicial, ni por las vinculaciones de las personas que venden el terreno con las altas esferas del actual gobierno que quiere cinco años más.
El tema central se enfoca en la desprotección que tienen nuestros niños y adolescentes a manos de quienes deben velar por su cuidado.
La denuncia pública circulada en las redes sociales por abuso sexual contra una menor, nos reviven los escándalos de los albergues y
donde este gobierno, hizo movidas de fichas políticas para desviar el daño que han sufrido niñas que fueron extraídos de los albergues que recibían dineros del Estado y eran llevados a fiestas privadas para compartir con adultos, según arrojaban las investigaciones realizadas por diputadas de la República, y que fueron presentadas en el Ministerio Público, esperando resultados contundentes que nunca llegaron.
Ahora la situación se repite, pero no se trata de los albergues, sino de la Asamblea Nacional, en un acto tradicional de los Diputados Juveniles, se habla de abuso sexual contra una menor de edad, y donde hay representantes de la escuela que deben supervisar y cuidar a la menor, por la confianza depositada por los padres al plantel y a sus profesores.
Este escandaloso incidente genera reacciones de rechazo de los asociados, por la vinculación de las entidades oficiales asociadas al evento y a las personas que representaban las mismas.
Estamos cayendo con todos estos actos abominables, en un desenfrenado deterioro social injustificable, que nos llevará a tocar fondo.
Las autoridades encargadas de llevar adelante las investigaciones, han señalado que se iniciaron las mismas, y esperamos que ellas causen resultados encaminados a sacar de circulación a esos depredadores.
La familia es la base de nuestra sociedad, y frente a este tipo de hechos, la respuesta es denunciarlos y exigir la aplicación de normas penales correctivas que mantengan lejos de todos nuestros niños a estas personas que constituyen un peligro para ellos.
Los daños emocionales, y físicos sufridos por la menor, los daños colaterales del cual son víctima los padres y familiares son ejemplos de lo que vive nuestra sociedad y nuestros niños diariamente.
Los padres deben jugar ese rol de control necesario para evitar actos repetitivos en el futuro, que se puedan lamentar después.
Las autoridades tienen la obligación de protegernos, y también deben mandar un mensaje claro y contundente, para que se detenga todo acto que pretenda arrebatar la ilusión y la inocencia a nuestros niños.
