La operación “Pista Oscura” deja al descubierto nueva trama delictiva que involucra a la constructora MECO
La semana pasada el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) llevó a cabo sendos allanamientos a las residencias y oficinas de cuatro altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno de ese país por su presunta vinculación en una serie de irregularidades para favorecer a la empresa constructora MECO, se trata de Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes que según la Fiscalía General, modificó el contrato de reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber, lo que habría favorecido a MECO.
Otro de los detenidos es Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) quien pidió que se incluyera a la ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste, donde se ubica el aeropuerto entre las zonas afectadas por la tormenta Bonnie, lo que permitió que la obra se adjudicara, sin concurso público a MECO. También fueron detenidos otros funcionarios de la CNE y el director de la Aviación Civil, igualmente señalados por actuar para favorecer a la constructora MECO.
El fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz indicó que, en una causa aparte, se investiga incluso al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Este caso denominado “Pista Oscura” ha develado un plan delictivo para favorecer a la constructora MECO, mediante procedimientos excepcionales, amparados en supuestos efectos climatológicos, obviando a la Contraloría General de la República. El informe preliminar de este caso también cuestiona la calidad de los trabajos realizados a la pista del aeropuerto por parte de la empresa constructora.
Las investigaciones por este nuevo escándalo que involucra a la constructora MECO se unen a otros dos casos descubiertos en el año 2021, conocidos como caso Cochinilla y la operación Diamante. El primero destapó una red de corrupción que incluía; el pago de sobornos a cambio de favores y la manipulación de licitaciones de obras públicas y donde MECO aparece como una de las principales empresas señaladas y por lo que su propietario, Carlos Cerdas fue detenido y acusado por los delitos de cohecho y penalidad del corruptor.
En tanto en la operación Diamante también en 2021 se detuvo a varios alcaldes municipales y a un alto ejecutivo de MECO que facilitaba los sobornos para obtener ventajas en las licitaciones.
La constructora costarricense MECO formó parte junto a la mexicana ICA y la española FCC del denominado grupo “El Consorcio” que participó en los trabajos de ampliación del Canal de Panamá y que actualmente mantienen procesos judiciales en Panamá por incumplimiento en el pago de sus obligaciones a otras empresas constructoras a las que subcontrataron. El caso más conocido es el de las empresas: SONAMA PANAMA y SONAMA, S.A. cuyo litigio lleva más de 12 años en los tribunales de justicia en medio de cuestionadas y sospechosas actuaciones de jueces y magistrados e influyentes bufetes de abogados, que han quedado en evidencia luego de que trascendiera una declaración jurada de Ernesto Inderbitzin Campos, un ex directivo de El Consorcio, quien ha remitido un documento que recoge su confesión ante el notario Anolan Zanasco en la ciudad de Miami, Estado de la Florida y que detalla las anomalías del proceso y la inexplicable negativa de la juez, Eva Cal de Saint-Malo de escuchar su confesión pese a que se trata de un testigo clave en este caso.
