Por Aarón S. Bracho M.
El autor es Filosofó e historiador, Becario del Programa de Maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá-SENACYT
La humanidad ha sufrido algunos cambios sociales en los últimos 50 días, dichos fenómenos son difícilmente perceptibles, sin embargo, las coyunturas siempre develan situaciones que, a simple vista, o desde el sentido común del observador se perciben de manera distinta o se omiten entre la normalidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió a principios de febrero del peligro de la rápida propagación del virus SARS-Cov-2, conocido comúnmente en nuestro medio como COVID-19, y luego en menos de un mes, el 11 marzo la OMS elevo la categoría de este brote a nivel de Pandemia mundial.
La rápida propagación de este virus, ocasiono que gobiernos de todo el mundo adoptaran medidas de emergencia sanitaria: Cierre de los comercios no prioritarios y centros comerciales, cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres, cuarentena obligatoria para los ciudadanos y distanciamiento corporal.
En esa dirección se debaten algunos modelos de la gestión gubernamental, en donde en algunos países los gobiernos han priorizado medidas enfocadas en la salud y bienestar de sus ciudadanos, cancelando a través de moratorias el pago de servicios básicos (Luz, agua, teléfono, vivienda y alquileres), y con asistencias sociales dirigidas al consumo de alimentos y medicamentos, acompañados además de solidas acciones a través de brigadas de salud casa por casa censando el estado de salud de los ciudadanos por hogar; mientras que, por otro lado, encontramos algunos gobiernos que si bien es cierto han adoptado algunas medidas de distanciamiento social, cuarentena.
La característica principal es que centran considerablemente sus preocupaciones en las afectaciones económicas sufridas por las distintas industrias nacionales, en nuestra región, en este escenario entra lo que algunos especialistas llaman los gobiernos de corte neoliberal como es el caso de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá.
Para la fecha algunos países han ido extendiendo dichas medidas ante el agravamiento de la situación, con el aumento sustancial de los casos de contagios e incremento de las tasas de letalidad.
En el caso particular de Panamá, el escenario es bastante interesante, pues el leitmotiv que llevo a ganar a la nómina del buen gobierno y que tomó posesión en junio de 2019, fue la recuperación económica del país sumido en crisis tras el gobierno de Juan Carlos Varela.
En esa dirección, el ahora gobierno de Laurentino Nito Cortizo, ha desplegado acciones parafinanciar esa recuperación basadas en la emisión de bonos y préstamos internacionales (FMI, BID, BM y bonos) que a través de la información provista en los medios de comunicación local se calcula en 3,815 millones de dólares.
Además de estos préstamos, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 296, que permite al órgano ejecutivo la utilización del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) para hacer frente a la emergencia sanitaria -La Ley que creo el FAP permite el retiro de fondos del ahorro en casos de emergencia nacional, como la que se vienen dando con el Covid-19-, según las estimaciones del Banco Nacional, el FAP debe ser de alrededor 1,325 millones. Ambos componentes tanto los préstamos internacionales como el fondo de ahorro permiten al buen gobierno disponer de cerca de 5,115 millones de dólares.
Frente a lo anterior, se puede reconocer una fortaleza en el plano de los fondos para enfrentar la crisis.
Por otro lado, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el pasado 7 de abril el proyecto de Ley 287 (Mediante el cual se otorga una prórroga de 90 días en el pago de las obligaciones en materia de préstamos hipotecarios, personales y comerciales a jubilados y tarjetas de créditos otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras), incluso anterior a ello el 31 de marzo también se aprobó en tercer debate la Ley No. 295, que establece la suspensión del pago para las obligaciones de telefonía (fijo y móvil), internet y energía eléctrica.
Ambas leyes antes señaladas, han sido planteadas sobre la base de que la medida de cuarentena que obligo a más de medio millón de panameños que laboraban en la informalidad quedaran repentinamente sin ingresos, mientras que otra parte quedaron sin empleo ante la solicitud de suspensión de contratos de miles trabajadores, ante el Ministerio de Trabajo por parte de las empresas afectadas por la medida de cuarentena (Se estima en cerca de 91 mil trabajadores con contrato suspendido y más 3,500 empresas paralizadas en medio de la cuarentena).
La estimación del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) establece que la población panameña para el año 2019 era de 4,278,500, en este contexto podemos señalar que cerca del 20% de la población panameña se está enfrentando una difícil situación a raíz de la cuarentena y la paralización de la actividad económica informal.
En este escenario que a primera vista parece alentador para la población afectada, se ha visto ennegrecido a raíz de dilatación en la sanción de leyes de interés social antes señaladas por parte del mismo presidente Laurentino Cortizo, sobre todo cuando este publica en sus redes sociales que se reunió con lo que llama mesa consultiva económica y hablo de levantamiento escalonado de la cuarentena. A esto se suman una serie escándalos de corrupción en la distribución de bolsas de comida y bonos para alimentación y medicamentos, y millonarios contratos para almacenamiento de medicamentos desde la Caja de Seguro Social, las mascarillas en la asamblea, respiradores en el Ministerio de la Presidencia desembocando en la renuncia del viceministro de la Presidencia, sumando a ello múltiples focos de protestas y cierres de vías en distintas partes de las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, intensificándose dichas contradicciones con el paso de los días con la ausencia de la ayuda.
En Panamá la organización de la economía gira en torno a la dinámica de servicios y la fuerteinversión en obras de infraestructura (Aeropuertos, líneas 2 y 3 del metro, 3er y 4to puente sobre el canal) que contribuyen de manera exponencial al perfeccionamiento del modelo transitista, fortaleciendo la estructura de acumulación y enriquecimiento de las elites panameñas. Lo anterior se evidencia en el sector salud en la necesidad de hospitales, insumos y equipos (Pesando de manera sustancial la falta de la ciudad hospitalaria aun postergada).
En el sector educativo se evidencian más aun las limitaciones del sistema educativo en la adopción de la modalidad virtual para el desarrollo de las clases, en donde más del 80% de los centros educativos públicos del país no poseen las condiciones y criterios mínimos para implementar la educación de manera virtual, lo que llevo a la suspensión nacional del periodo escolar.
Nos encontramos ante un fenómeno inédito de implicaciones globales, cuyos principios han sido recreados a través del cine y la ciencia ficción, basados en experiencias y manifestaciones regionales anteriormente vistas como es el caso del virus de la influenza, gripe aviar, vacas locas y en caso de Panamá, Hanta Virus.
Sin embargo, la realidad concreta para el caso de América Latina es la expresión social de la propagación de este virus, por un lado, nos ha mostrado las grandes falencias de un modelo económico fundamentado en la privatización de servicios públicos estratégicos y en la misma dirección nos ha mostrado los elementos a desarrollar y fortalecer en nuestros países, una vez superemos este momento y sobrellevemos esta crisis, hasta la obtención de una vacuna definitiva.
Especialistas de las matemáticas de distintas universidades aconsejan las medidas de distanciamiento hasta el año 2022.
Otro elemento que se hace presente en esta coyuntura de la emergencia sanitaria con el brote del coronavirus es la incertidumbre, esta se hace presente en la cotidianeidad, sobre todo con el desarrollo de la infodemia (Adhanom Ghebreyesus, 2020), palabra que presenta el director general de la OMS Adhanom Ghebreyesus, para señalar la alta exposición de las personas a informaciones de todo tipo incluyendo las fakenews. En efecto, al estar todos los días expuestos durante horas a cientos de informaciones a través de WhatsApp, Instagram, Twitter y demás redes sociales, mucho antes que medios de comunicación televisivos y radiales tradicionales.
En el contexto de todo lo anterior se puede explicar también las reacciones críticas a nombramientos y salarios ostentosos, los escándalos de sobrecostos, la observación y comparación de la gestión de la crisis del gobierno nacional respecto al gobierno en otros países, conformando un ciudadano muy informado.
Ello podría crear las bases de una cultura de ciudadanos más críticos y vigilantes; si ese nuevo patrón de conducta es sostenido en el tiempo, podría ser un factor importante a tomar en cuenta en coyunturas como la reforma constitucional aún pendiente de discusión, y en la incorporación de otros sujetos políticos que reclamen mayores niveles de participación ciudadana.
El autor es Filosofó e historiador, Becario del Programa de Maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá-SENACYT
