El Ministerio Público sostiene que la imputada habría actuado como presunta testaferro de una organización investigada por lavado de dinero.
Una mujer de 25 años fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras arribar en un vuelo procedente de España, al ser requerida por las autoridades panameñas por su presunta vinculación con un caso de blanqueo de capitales relacionado con una organización criminal internacional.
La detenida fue identificada como Italys Suira, quien, según las investigaciones del Ministerio Público, mantenía una orden de aprehensión por su supuesta participación en el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó mediante un operativo de inteligencia desarrollado por los organismos de seguridad en la principal terminal aérea del país, donde la joven fue notificada formalmente de la investigación que pesa en su contra.
Investigación de la Operación Corsario
El proceso forma parte de la denominada Operación Corsario, una investigación iniciada en 2022 en coordinación con las autoridades judiciales del Reino de España, luego de la incautación de sustancias ilícitas presuntamente relacionadas con la organización criminal conocida como “Mafia Filipinas”.
Según la Fiscalía, la estructura utilizaba comercios de apariencia legal, entre ellos salones de belleza y tiendas de ropa, para introducir al sistema financiero panameño fondos que presuntamente provenían del narcotráfico.
Las pesquisas señalan que la ahora imputada habría actuado como presunta testaferro dentro de la organización, facilitando el movimiento y ocultamiento de activos de origen ilícito.
Jueza legaliza la aprehensión
Durante una audiencia de solicitudes múltiples celebrada el 30 de julio, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Marisol Ortiz, legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de cargos sustentada por la fiscal Linda De León.
Tras evaluar los argumentos de las partes, incluida la defensa ejercida por la abogada Katiuska Ramos, el Tribunal impuso como medidas cautelares el depósito domiciliario y el impedimento de salida del país, mientras avanzan las investigaciones.
El Ministerio Público mantiene las diligencias para determinar el grado de participación de la imputada y esclarecer el funcionamiento de la presunta red internacional dedicada al blanqueo de capitales.
