Una solicitud para que la Contraloría General de la República realice una auditoría al Fondo de Tabaco, administrado por la doctora Reina Roa, coordinadora de la Comisión Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud (MINSA), presentó el exviceministro de Comercio, Eduardo Palacios, tras detectar “graves irregularidades y discrepancias” en los informes de gestión proporcionados por la Dirección General de Salud Pública.
El pedido de auditoría al contralor Gerardo Solís por parte de Palacios, tiene como base, la información solicitada y suministrada por la Dirección General de Salud Pública sobre la gestión del Fondo de Tabaco correspondiente a los años 2018-2022, que incluía detalles específicos, como el calendario semanal de uso de los vehículos adquiridos con recursos de este fondo.
Al respecto, Palacios detalla que la respuesta inicial de la Dirección General de Salud Pública indicaba la asignación de fondos para la compra de 20 vehículos pick-up, pero posteriormente, en agosto de 2023, afirmaron que dicha compra no se llevó a cabo, generando confusión y señales de desorganización administrativa.
Frente a este escenario, Palacios advierte que la administradora del Fondo, la doctora Roa, omitió proporcionar los calendarios semanales de uso de los vehículos, incumpliendo las normas establecidas para el manejo de los recursos del Fondo de Tabaco.
Falta de transparencia
Según el solicitante, se reveló que los fondos asignados para ciertas adquisiciones en 2020 fueron reasignados para otros fines no especificados claramente, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de estos recursos públicos.
A juicio de Palacios, las discrepancias y omisiones en los informes de gestión del Fondo de Tabaco, junto con las respuestas inconsistentes de la Dirección General de Salud Pública, plantean serias preocupaciones sobre la gestión adecuada de los recursos públicos.
Por todas las irregularidades mencionadas, el exviceministro Palacios actuando de acuerdo con el artículo 280 numeral 4 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de la Contraloría General de la República de investigar operaciones que afecten patrimonios públicos, solicita una auditoría integral para determinar la corrección o incorrección de las operaciones y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes, y en caso de irregularidades, presentar las denuncias respectivas.
No es la primera vez que se cuestiona el manejo de la doctora Roa. Hace unos meses se elevó una petición ante el presidente de la República, Laurentino Cortizo y la canciller, Janaina Tewaney para que Roa sea relevada de su designación como representante de Panamá en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control de Tabaco (COP10) de la Organización Mundial de la Salud, ya que la funcionaria se encuentra dentro de expediente abierto en el Tribunal de Cuentas por un caso de corrupción en el Ministerio de Salud.
Roa también fue denunciada por supuesto conflicto de intereses por recibir premios de la Fundación Bloomberg, siendo funcionaria y coordinadora de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo (COPACET), denuncia que derivó en su renuncia a esta organización sin antes dar una explicación por los señalamientos en su contra.
