La abogada Helga Ceballos, en representación de un grupo de empresarios del sector marítimo, interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que señala a funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y dos empresarios por presuntamente intentar extorsionar al capitán Rafael Botello, representante legal de la empresa Oceanic Suply & Transport, Inc., para aceptar una “oferta hostil para la venta de su empresa”.
Según la denuncia, los empresarios Pablo Torres Chong y Mario Bretón Deschapelles, fueron quienes solicitaron la transacción al capitán Botello, quien, al rechazar la solicitud, habría sido presionado, según afirmó la abogada Ceballos.
En la denuncia se aclara que estos empresarios estaban acompañados por funcionarios de alto perfil de la AMP, pero sin detallar su identidad.
Ceballos, quien actúa en representación de un grupo de empresarios del sector marítimo que recibieron la información de este hecho por parte del capitán Botello, que ven amenazada la seguridad jurídica del país, por lo cual desean dirimir la verdad de los hechos denunciados, que esto tenga mayores consecuencias para sus negocios.
De acuerdo con la denuncia Pablo Torres Chong mantiene en vigencia un contrato con la AMP, a través de Stward Agency, Inc., el Contrato A-2003-2018, sobre un fondo de mar en Brisas de Amador, el cual se mantiene vigente hasta el 25 de junio de 2021 y más recientemente le fue otorgada a la misma sociedad, la Autorización de Ocupación del Muelle 8 del Astillero de Balboa.
Torres también posee de varias licencias para actividades de servicio marítimo y es primo del diputado Ricardo Torres, miembro de la bancada del PRD.
El capitán Botello sostiene en la denuncia que tras su negativa a acceder a la venta de Oceanic Suply & Transport, Inc., funcionarios de la AMP realizaron una inspección a esa empresa, abriendo, “de manera sospechosa”, un proceso administrativo que decantó en Resolución Administrativa; confirmada en apelación por Junta Directiva de la AMP, que dejó sin efecto la licencia para brindar el servicio de recolección de desechos con equipo flotante, en lo que parece ser una medida de retaliación ante la negativa de vender su empresa, afirma el texto.
Para el capitán Botello “este proceso fue un acto arbitrario”, ya que, aun cuando las facultades institucionales que posee la AMP le permiten tomar estar este tipo de acciones, lo extraño es que se haya ejecutado después de su negativa a vender, cuando otras empresas del sector, en similares condiciones, no han sufrido el mismo destino.
Según la abogada Ceballos, se podría presentar una ampliación con mayor información para probar la posibilidad de otras empresas con similares condiciones, que no han sido sancionadas tan severamente como le sucedió al capitán Botello o han visto sus licencias renovadas por la propia AMP.
En su denuncia la abogada Ceballos solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que el capital Botello sea citado para confirmar las declaraciones vertidas sobre la vinculación de los empresarios Pablo Torres Chong y Mario Bretón Deschapelles y funcionarios de la AMP en el supuesto intento de compra hostil de Oceanic Suply & Transport, Inc., a fin de que sean investigados conforme a las normas legales vigentes en el país.
Igualmente, solicitó la protección, en calidad de denuncia, para la persona del capitán Botello.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el capitán Botello se retracte de sus afirmaciones y niegue los hechos denunciados, afirmó que esto no le sorprendería, porque estamos ante la presencia de delitos de corrupción complejos que no pueden ser perseguidos si la persona directamente afectada no ratifica sus denuncias, y ese podría ser el caso, dado que estamos hablando de un empresario bajo presión.
